Intercambio de acusaciones entre involucrados

Tres sindicalistas de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) enviaron un escrito a la Contraloría General de la República (CGR), pidiendo que investiguen la contratación de 18 pipas a una empresa privada para vender agua en Managua, sin haber realizado una licitación y pagando 100 dólares al día por cada una.

Augusto Quintanilla Ramírez, Julio César Calderón y Allan Carballo, del Sindicato de Trabajadores de Enacal (SITRAENACAL) afiliados a la Unión de Empleados (UNE), quienes fueron despedidos de Enacal junto a otros cinco empleados el pasado viernes, se presentaron ayer al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), para exponer que ya son más de cien los empleados corridos de la empresa aguadora, al amparo de las dificultades financieras de la empresa.

Según ellos, su despido no tuvo justificación aparente. Sin embargo, aceptaron haberse negado a trabajar un día de la Semana Santa en la repartición de agua por medio de pipas en algunos barrios de Managua, bajo la excusa de que no se les garantizaba la debida seguridad, luego que supuestamente uno de sus compañeros de labores fuera encañonado con una pistola en el barrio Laureles Sur.

Además aseguraron que las pipas no pasaron el control de calidad y el agua la vendieron sucia o con sarro.

También denunciaron que pese al discurso inicial del presidente Daniel Ortega que el Gobierno no pagaría tarjetas de crédito ni celulares a sus empleados, ENACAL firmó contrato con una empresa proveedora de servicio celular para 100 empleados superiores e intermedios, por un monto de 1,500 dólares.

El funcionario del Cenidh, Norwin Solano, prometió acompañar a los sindicalistas en su denuncia.

HERRERA SE DEFIENDE

Ante esas acusaciones, la gerente de Enacal, Ruth Selma Herrera, manifestó que “cuando la gente no haya de qué agarrarse empieza a inventar”, por lo que calificó las denuncias como “chismes”.

Herrera reconoció que las pipas fueron contratadas por 100 dólares diario, pero que ése fue el precio más bajo encontrado en el mercado y que el dinero no lo desembolsa Enacal, sino otras seis instituciones del Estado gracias al mandato de Ortega, a través del Plan de Emergencia anunciado antes de Semana Santa para enfrentar la sequía.

La funcionaria insistió en que las pipas fueron inspeccionadas dos veces antes de ser contratadas y que el precio de alquiler incluye combustible y conductor.

Tampoco fue un chisme lo de los despidos. Herrera confirmó que se aplicaron porque los trabajadores se negaron a participar en el Plan de Emergencia, lo cual fue calificado como “grave” por la funcionaria.

“Los jóvenes no quisieron trabajar a pesar de que se les garantizaban sus días libres en la semana siguiente a la Semana Santa... por puro aire, si alguien se baja del plan (de emergencia) se va de viaje”, advirtió.

LOS CELULARES

En cuanto a la denuncia de los teléfonos celulares, Herrera también reconoció que Enacal continúa dando estos aparatos a sus empleados, sólo que no los da únicamente a los gerentes, sino también a trabajadores de bajos niveles.

La gerente dijo que la cantidad de celulares bajó de 300 a 100 y que el número de plantas de telefonía celular pasó de 80 a ocho en todo el país.

“Lo que hice fue cambiar de proveedor, por tarifas más bajas y un tratamiento más ventajoso, ahora hay menos minutos para los teléfonos y cuando se acaban se acaban, no se les mete tarjeta y deberían haber más (celulares), porque la mayoría está en los poceros, que necesitan comunicar el estado de los pozos desde lugares donde no hay comunicación”, explicó Herrera.

Sobre los despidos masivos, reconoció un centenar entre cuatro mil empleados y afirmó que todos fueron justificados, especialmente los de Acueductos Rurales, que ya no tenían funciones qué desempeñar.

SE EXCUSA POR ESCASEZ

La gerente de Enacal aprovechó para denunciar a la distribuidora de energía Unión Fenosa y un par de urbanizadoras por la falta del servicio en las últimas semanas.

Herrera aseguró que a pesar de las mejoras que han realizado en estos 100 días, Unión Fenosa continúa sin garantizar la energía que hace funcionar a los pozos.

Asimismo dijo que urbanizaciones ubicadas cerca de Sabana Grande y Villa Fontana rompieron tuberías claves de abastecimiento de agua potable, que privaron del servicio de ésta a los distritos Cinco y Seis de Managua.

La funcionaria identificó las denuncias en su contra como “gajes del oficio” y dijo que “es lógico que alguien se moleste cuando es despedido”.