El nuevo gobierno de Daniel Ortega Saavedra cumple hoy sus primeros cien días, lapso que la tradición ha hecho oportuno para juzgar a los nuevos gobiernos, en todas partes del mundo. En realidad, a un gobierno o gobernante se le puede evaluar en cualquier momento que se quiera. Sin embargo, se acostumbra hacer el primer balance cuando cumple los primeros cien días, considerando que es un período más que suficiente para valorar la tónica de sus actuaciones y avizorar cuales son sus perspectivas.
Acerca del origen de esta costumbre de hacer el primer balance de un gobierno cuando este cumple los primeros cien días, se dice que se remonta a la época postrera de Napoleón Bonaparte, específicamente a los cien días que transcurrieron entre el día de marzo del año de 1815 cuando el emperador francés recuperó el poder, después de escaparse de la isla de Santa Elena donde se encontraba prisionero , y su abdicación definitiva que ocurrió tras la derrota sufrida por su ejército en la Batalla de Waterloo, en junio de ese mismo año. Y la persona que usó por primera vez el concepto: “balance de los cien días”, fue el prefecto (alcalde) de París, Conde de Chabrol, en su discurso de bienvenida al rey Luis XVIII al producirse la restauración monárquica de 1815.
Ahora bien, al gobierno de Daniel Ortega que cumple hoy sus primeros cien días sus partidarios le atribuyen algunos supuestos logros como los de haber reducido los apagones gracias a las plantas generadoras que obtuvo del Gobierno de Venezuela; el “restablecimiento” de la educación pública absolutamente gratuita; la reducción de la tarifa del transporte público urbano de Managua; el libre acceso de todos los nicaragüenses a servicio médico y medicamentos de gratis; y la creación de la comisión de reconciliación del cardenal Obando (?).
Pero la verdad es que en todo eso hay más farsa que logros verdaderos. Y en el caso de que fueran ciertos tales logros, el precio que el gobierno de Daniel Ortega está cobrando por ellos es demasiado caro y dañino. Al respecto las fuerzas políticas de oposición y en particular el MRS que representa o encabeza la disidencia sandinista, han abundado estos días en valoraciones negativas del gobierno de Daniel Ortega. Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que es un organismo de la sociedad civil de origen sandinista pero ahora independiente y poseedor de un alto grado de credibilidad social, lo mismo que el Movimiento por Nicaragua, ha señalado que las políticas de Ortega “apuntan al secretismo, nepotismo, autoritarismo, centralismo y una perniciosa confusión Estado-partido-familia”. “En los primeros cien días de ejercicio gubernamental, el Cenidh identifica estilos y tendencias, indefiniciones y medidas que apuntan a un desprecio por la legalidad y a privilegiar intereses políticos partidarios más que nacionales que constituyen violaciones a los derechos humanos y la seguridad jurídica”, aseguró una alta funcionaria del Cenidh.
A eso es necesario agregar que en política exterior el gobierno de Ortega está alineando a Nicaragua con el eje belicoso de Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad, presidentes de Venezuela e Irán, mientras atiza las diferencias con países vecinos y cercanos con los que el país tiene conflictos históricos pendientes de solución en la Corte Internacional de Justicia.
En realidad, Daniel Ortega es el mismo personaje aventurero y conflictivo de los años ochenta. Las circunstancias de Nicaragua y el mundo han cambiado, pero Ortega no. Él sigue empeñado en imponer al país un socialismo cuartelario, burocrático y empobrecedor, que ahora llaman socialismo del siglo XXI. Si Ortega no ha atentado frontalmente contra las instituciones democráticas y no ha suprimido las libertades y los derechos de los nicaragüenses, es porque todavía no puede hacerlo. Pero lo que ahora parecen políticas contradictorias de Ortega en realidad es una estrategia de consolidación de su poder para pasar después a fases más radicales de gobierno.
De manera que al cumplirse los primeros cien días del nuevo gobierno sandinista y ante las políticas evidentemente arbitrarias que ha venido aplicando durante este lapso, debemos reiterar lo que advertimos inmediatamente después de las elecciones de noviembre de 2006 y del cambio de gobierno en enero de este año: que Daniel Ortega sólo podrá avanzar en sus propósitos de restablecer la dictadura, en el caso de que los ciudadanos y las fuerzas democráticas se lo permitan.
