Después de fallidos intentos, se realizó ayer la audiencia inicial sobre el caso que impulsa el Ministerio Público en el Juzgado Quinto de Distrito de Audiencia en contra del ex director de Aduanas Fausto Carcabelos y seis personas más.

Todos ellos acusados por delitos de defraudación aduanera y fraude, que causaron un supuesto perjuicio al Estado nicaragüense de unos 45 millones de córdobas.

En la acusación también se le atribuyen cargos a Manuel Mayorga Duarte, ex director de fiscalización de la Dirección General de Aduana (DGA) y a Gabriel Argüello Fornos, ex jefe de laboratorio de la misma institución.

Los supuestos delitos se refieren a varias importaciones de aceite de algodón en bruto que no paga el 15 por ciento del Derecho Arancelario a la Importación (DAI), que realizaban las empresas Agro Industrial de Oleaginosas S.A. (Agrosa) y E. Chamorro Industrial S.A., desde 1998 hasta el 2002, pero según la acusación de la fiscalía, se trataba de aceite procesado de algodón, apto para el consumo humano y que debe pagar el DAI.

En el mismo caso, también son acusados Renzo Bagnariol Zanutel, apoderado general de administración de la Sociedad Anónima Almacenadora del Pacífico S.A (Alpac); Pedro José Lacayo Reyes, representante de Agrosa S.A., Gustavo Salazar Sevilla, representante legal de la empresa aduanera P&M S.A., y Alexis Chamorro Chamorro, representante de la empresa E. Chamorro Industrial S.A.

El abogado de Agrosa S.A., Orlando Corrales Mejía, aseguró que es falso que hayan importado aceite comestible y lo que existe en el caso es una equivocación que será demostrada en el proceso.

Agregó que ningún aceite listo para el consumo humano trasladado en toneles, puede viajar en barco porque está expuesto a un problema de contaminación, lo que causaría un serio problema de salud al país.

El abogado de E.Chamorro Industrial S.A., Everto Orozco Izaguirre, dijo que la acusación del Ministerio Público presenta muchos vicios de nulidad porque no demuestra la forma en que cada uno de los implicados participa en el hecho.

Las inconsistencias surgen porque no hay ningún indicio que esa empresa haya cometido algún delito, expresó el abogado.