La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua se han apuntado sin duda un rotundo éxito, con la Operación Fénix ejecutada en los últimos días y mediante la cual han desmantelado la infraestructura operativa —o una buena parte de ella— del Cártel de Sinaloa en el país, incluyendo la captura de varios sospechosos de pertenecer, incluso a nivel de cabecillas, a esa rama del crimen organizado internacional dedicada al narcotráfico.

En realidad, es meritoria la actuación de las instituciones policial y militar de Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico internacional. Pero el mayor mérito no le corresponde en abstracto a las instituciones, Policía y Ejército, sino a título personal a los miembros de estos cuerpos armados del Estado, quienes luchan contra los narcotraficantes extranjeros y locales arriesgando sus vidas todos los días y particularmente cuando ejecutan planes concretos de acción como la mencionada Operación Fénix.

En cuanto a los logros de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua en el enfrentamiento contra los narcotraficantes, cabe señalar que en el Informe 2007 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico internacional, que se dio a conocer el primero de marzo de este año, se informó que en el 2006 las autoridades nicaragüenses interceptaron y capturaron 9 toneladas de cocaína, en tanto que en Costa Rica se decomisaron 14 toneladas y en Panamá 36, las cifras más altas de la región centroamericana.

Evidentemente, esas cifras y las informaciones acerca de operaciones como la Fénix, indican que en Nicaragua se ha venido incrementando el narcotráfico internacional. Pero también demuestran que se le está enfrentando de manera enérgica y exitosa, al menos en lo que compete a las autoridades policiales y militares. Quizá a esto último se deba que el territorio de Nicaragua todavía no se ha convertido en escenario de las luchas sangrientas que libran las distintas bandas de narcotraficantes por el control de las rutas de distribución, lo cual produce muchos muertos no sólo entre los mismos bandidos sino también entre la Policía y el Ejército, así como entre los periodistas y la población civil, como está ocurriendo en México.

En el mismo informe del Departamento de Estado sobre la lucha contra el narcotráfico internacional, arriba mencionado, se mencionó la “corrupción y politización del sistema de justicia nicaragüense” y se informó que las autoridades nicaragüenses capturaron el año pasado a 67 traficantes de drogas, de los cuales sólo 20 fueron condenados, o sea menos de la tercera parte.

Ese porcentaje de condenados entre los capturados por narcotráfico, a pesar de las abrumadoras pruebas y claras evidencias que presentan las autoridades de Policía y Ejército junto con los acusados, es una cifra demasiado baja que indica y comprueba lo que sostienen los expertos en la lucha contra el crimen organizado: que el elevado nivel de corrupción gubernamental, particularmente judicial es el principal apoyo al narcotráfico internacional.

Cabe subrayar al respecto y en relación con la exitosa Operación Fénix de la Policía y el Ejército, el escandaloso hecho de que una juez suplente del mismo juzgado donde fueron puestos a la orden de la autoridad judicial los sospechosos de pertenecer al Cártel de Sinaloa, fue la que de inmediato se encargó de la defensa de los detenidos. Se trata de un caso muy claro no sólo de conflicto de intereses profesionales, sino también de violación de la ética judicial —la cual, al parecer ha desaparecido o únicamente quedan rastros y recuerdos en la administración de justicia en Nicaragua—, aún cuando la ley no establezca en forma expresa ninguna prohibición al respecto.

Si un juez suplente se ocupa de manera directa o indirecta de la defensa de indiciados que son juzgados en el mismo tribunal donde funciona ese judicial sustituto, cabe esperar entonces la absolución de los detenidos durante la Operación Fénix y en cualquier caso su pronta puesta en libertad con cualquier pretexto o estratagema seudo legal, tal como ocurrió el año pasado en más de dos tercios de los casos de detenidos por narcoactividad. Pero esperamos que no sea así y que el Poder Judicial de Nicaragua comience a volver por sus fueros legales y morales.