Matilde del Carmen Gutiérrez Zelaya, de 69 años, después de 50 largos años de habitar en la comunidad El Naranjo, deberá desalojar su vivienda porque por allí pasará la carretera Guayacán-Jinotega.
Esta carretera comenzó a construirse a finales de enero de este año, pero más de cien familias de las comunidades El Naranjo, El Salto, La Corneta y la zona de Jinotega están siendo afectadas con sus propiedades por el derecho de vía.
Pero también comenzó la tristeza para Matilde, a quien le resulta difícil dejar su casa porque el dinero que le ofrecen como indemnización no le alcanza ni ella ni a sus 5 hijos para comprar un pedazo de tierra y construir nuevos hogares.
Resulta que tanto la casa de esta señora como las de sus cinco hijos miden más de 3 mil metros cuadrados, pero deberán ser tumbadas y por ellas el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) les ofreció pagarles 159 mil 622 córdobas, de acuerdo al convenio número CONV EG-AL-LUC-167 del 22 de noviembre de 2005.
A los afectados, que son unas 150 familias, les están pagando entre 18 y 28 córdobas por vara cuadrada de terreno, lo que varía de acuerdo al tipo de árboles que están sembrados o si son pastizales o tacotales.
bajan PROPUESTA
Sin embargo en la actualidad les están ofreciendo 140 mil córdobas, argumentando que las casas son fabricadas con adobe y los planos han variado y debido a la actualización el precio también varía, según atestiguó Juan Alberto Cruz Gutiérrez , uno de los hijos de Matilde.
El temor de Matilde y de sus hijos Santiago, Andrés, Marcos, Pedro y Flora se da porque aseguran que funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) los han tratado de persuadir para que firmen el convenio, y de no hacerlo existe la amenaza de pasarles el tractor a las viviendas.
“Nosotros estamos de acuerdo, si nos pagaran los 160 mil córdobas que nos prometieron, pero eso fue hace un año y la moneda ya se ha devaluado y ahora dicen que los planos estaban malos y aunque las casas sean de tierra tienen su valor porque están sobre la carretera, pero con ese dinero no compramos otra casa”, dijo Cruz.
El costo total del acondicionamiento de la carretera Guayacán-Jinotega asciende a 13 millones 890 mil 492 euros (casi 19 millones de dólares), de los cuales la Comisión Europea donó 10 millones 900 mil euros, equivalentes al 90 por ciento del monto, mientras que el Gobierno de Nicaragua participa con el restante 10 por ciento, es decir, más de dos millones de euros como contrapartida.
De éstos, sólo para la construcción de la carretera han destinado 9 millones 700 mil euros, y 1.2 millones de euros para el pago de derecho de vía.
Hasta la fecha se han pagado cerca de los 200 mil euros a las más de 100 familias afectadas, según confirmó el gerente general del proyecto, ingeniero Amadeo Santana.
1.2 MILLONES PARA INDEMNIZACIONES
El Alcalde de Jinotega, Eugenio López, declaró que los 1.2 millones de euros se utilizarán no sólo para el pago de indemnizaciones sino que existe un convenio orientado para otras obras, como el de reforzar los trabajos de la carretera no con doble tratamiento sino con carpeta asfáltica, cuya solicitud fue escuchada en su momento por los reclamos que hicieran los jinoteganos alrededor de la calidad del proyecto.
Refirió que de acuerdo con Ley 323, Ley de contrataciones del Estado, dice que el precio que se le debe pagar a los ciudadanos es el de mercado, que fue evaluado a través de especialistas quienes se encargan de hacer los avalúos, donde se puede negociar con las personas tomando precios que van desde el promedio más bajo hasta el más alto.
“En el artículo 66 hay un procedimiento, que la más alta autoridad del organismo estatal hace una declaración de utilidad pública y después se las notifica a las personas que van a hacer afectadas y tienen 90 días para negociar. Toda obra de progreso trae molestia, pero nadie se puede oponer porque es de interés nacional”, dijo López.
En un recorrido de LA PRENSA, varios de los afectados manifestaron su descontento porque los encargados del proyecto colocaron la señalización por donde pasaría la carretera y ahora las estacas se encuentran más adentro de sus propiedades; y temen que con la fuerza de los tractores sus viviendas se debiliten y se vengan abajo.
Los habitantes de esta zona no se oponen a que se construya la carretera, pero en lo que no están de acuerdo es que les estén pagando muy poco por sus propiedades que se localizan en una zona muy habitada.
PRECIOS VARÍAN
En este sentido, el ingeniero Amadeo Santana, gerente general del proyecto por el MTI, dijo a LA PRENSA que los precios varían con relación a los terrenos, así como las mejoras y el tipo de construcción, si estas son de adobe, madera o de concreto, como la zona donde se ubican.
Agregó que las negociaciones se hicieron por separado porque cada situación es diferente.
“Hay 150 afectados y ya le han pagado a 90 personas a través de convenios de indemnización a precio de mercado y no a precio catastral, porque si lo hubiéramos hecho a precio catastral estuviera por debajo a lo que se les ha pagado, pero estamos anuentes a escucharlos y si hay variaciones es porque no se puede estandarizar”, dijo.
Agregó que se han dado cuenta que existen afectaciones adicionales porque el diseño original ha variado, por lo que dijo estar anuente a hacer una extensión de convenio y si hay que pagarles a precio actual, están dispuestos a hacerlo.
Dinero no sólo es para un rubro
Amadeo Santana informó que el millón de euros que aparece en el presupuesto ha sido financiado por el Estado y se ha destinado para pagar el derecho de vía y para pagar parcialmente las obras, porque el contrato establece que el Gobierno debe pagar el 10 por ciento de las obras y el 90 la Unión Europea.
“O sea que de los 9.4 millones de euros, el Estado debe pagar 900 mil, y el restante la Unión Europea”, explicó.
Agregó que están dispuestos a revisar la tabla para pagarle a los afectados al precio actual del 2007 y con el replanteo topográfico, si hay algunos metros adicionales se los van a medir y reconocer para pagárselos.
A otros, según Santana, sólo les están pagando las mejoras (casas) porque están en tierras indígenas, cuyo terreno oscila entre los 6 y 7 kilómetros por donde pasará la carretera y con quienes se hizo un convenio especial. En cambio hay casas de adobe y techo de tejas que se pagaron el metro cuadrado a 1,500 córdobas, a precio de mercado, según Santana.
(Con la colaboración de Arlen Cerda)
