Soy observador de un caso insólito sobre cómo las acciones judiciales, inconsultas e incoherentes, persiguen objetivos de enriquecimiento “rápido” y supuestamente “lícito” de unos pocos defensores y la distribución del remanente de 489 millones 400 mil dólares entre 1,248 demandantes que de multiplicarse, puede alterar con más rapidez el riesgo de invertir en Nicaragua.
Los millones de dólares fueron dictados en sentencia por el Juzgado Tercero de Distrito Civil de Managua en el 2002, que condenó a Shell Oil Company, Dow Chemical Corporation y a una empresa que no existe bajo el nombre de Dole Food Corporation Inc., debido a la demanda de 500 trabajadores que argumentaron haber sido afectados por el uso del Nemagón.
Y el caso es insólito porque los abogados defensores volvieron a equivocarse al tratar de obtener esa suma millonaria con un injusto embargo de marcas de Shell Internacional Petroleum Co. Ltd. y de Shell Brands Internacional AG., por lo cual estas dos empresas promovieron un juicio contra el Estado de Nicaragua, o sea contra los nicaragüenses, en el Centro Internacional de Arbitraje. Esto hubiese obligado el uso de nuestros impuestos para defendernos de esa acusación internacional y hubiese deteriorado el clima inversionista en nuestro país, lo cual no se dio gracias a la nulidad del embargo declarada por el Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua y a la decisión unánime de tres magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, en noviembre del año pasado, para rechazar los argumentos de los defensores.
Las controversias, estatales o privadas, con inversionistas extranjeros y nacionales deben esclarecerse con apego a la ley y la correcta administración de la justicia. En este caso, se han violentado varios principios legales que lesionan la seguridad jurídica del inversionista, cuando las empresas acusadas fueron condenadas sin haber sido oídas en el juicio que se realizó en Nicaragua y cuando las dos empresas transnacionales embargadas tienen personerías jurídicas totalmente distintas de las condenadas en el juicio.
El Estado está obligado a intervenir en estas querellas privadas que estropean los resultados esperados de las políticas públicas encaminadas al mejoramiento de la economía y el bienestar de la población, la gobernabilidad, la atracción de inversiones y la seguridad jurídica. No es tolerable que un grupo de abogados irresponsablemente haya puesto en riesgo al país y que no reciba una sanción del Poder Judicial.
Nicaragua cuenta con la mejor seguridad física de las personas en el ámbito centroamericano, pero frecuentemente se distingue por la mayor inseguridad jurídica en el istmo. Y la inseguridad jurídica obstaculiza la tarea de la administración pública actual de sacar de la pobreza a cuatro millones de nicaragüenses; se ve obstaculizada por esa inseguridad resultante no sólo de acciones irresponsables como las presentadas en este caso del Nemagón, sino también por las constantes interferencias de personajes y partidos políticos en la administración de la justicia de nuestro país.
Nicaragua, que desde 1997 inició su tránsito entre tratados de libre comercio y convenios de cooperación con México, República Dominicana, Chile, Centroamérica y Panamá, Canadá, Estados Unidos y Taiwán y pronto iniciará sus negociaciones con la Unión Europea, así como celebró los recientes convenios de cooperación con la Alternativa Bolivariana para las Américas y con Irán, debe comenzar a respetar en una apropiada forma los convenios internacionales con el propósito fundamental de fortalecer la seguridad jurídica, mejorar el clima inversionista y sacar del umbral de la pobreza al 80 por ciento de su población.
Debemos confiar que el Estado de Nicaragua adoptará una posición activa para evitar atropellos a la imagen de nuestro país y reducir la percepción del alto riesgo jurídico de los inversionistas nacionales y extranjeros, con más razón con la ingente tarea que llevan a cabo las nuevas autoridades para disminuir el riesgo político, con el fin de mejorar el clima inversionista, factor clave para el buen desempeño de la economía nacional.
