El crimen en cualquiera de sus formas es siempre moralmente repudiable y condenable legalmente. Sin embargo algunos crímenes son peores y más vergonzosos que otros y precisamente por eso es que la sociedad los repudia con más firmeza y los castiga con mayor severidad.

Sin duda que uno de los crímenes más oprobiosos y condenables es el que se comete contra las mujeres: asesinato, violación sexual, golpiza, agresión psicológica, etc. En realidad, cometer un crimen contra una mujer no significa sólo dañar a una persona débil físicamente, en comparación con el hombre; es ultrajar a una madre, a una hija, a una hermana, a una compañera de vida. Por lo tanto, los delitos contra las mujeres deben ser castigados con mayor severidad.

Últimamente, organizaciones femeninas han tocado a rebato ante el incremento de la violencia contra las mujeres. Pero también han denunciado la pasividad o falta de voluntad y capacidad de las autoridades estatales para prevenir y castigar la violencia contra la mujer. Según denunció la semana pasada la Red de Mujeres contra la Violencia, en el primer trimestre de este año fueron asesinadas 20 mujeres, en contraste con los 8 feminicidios que ocurrieron durante el mismo período del año pasado, y agregó que en los últimos seis años se han registrado 236 muertes violentas de mujeres. Esto significa que cada 9 ó 10 días se produce la muerte violenta de una mujer, lo cual es una monstruosidad que debería poner en pie de lucha a las autoridades estatales y a toda la sociedad.

Por supuesto que la violencia contra la mujer no es un problema sólo de Nicaragua. Para no ir muy lejos, en la vecina Costa Rica que se considera la nación más pacífica y civilizada de la región, la semana pasada se tuvo que aprobar una ley para castigar más duramente la violencia contra las mujeres. El año pasado, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Consejo Centroamericano de Ombudsperson (defensores de las personas), divulgaron un estudio titulado Situación y análisis del feminicidio en Centroamérica, en el que se indicó que entre los años 2000 y 2005 casi cuatro mil mujeres fueron asesinadas en esta región. Según dicho estudio, Guatemala y El Salvador son los países centroamericanos en los que más mujeres son asesinadas cada año. En tercer lugar se ubicó a Honduras, en cuarto a Nicaragua, en quinto a Panamá, en sexto a Costa Rica y en último lugar a Belice, donde entre los años 2000 y 2005 se reportó el asesinato de únicamente seis mujeres.

Sin embargo, a pesar de que en Costa Rica ocurren menos asesinatos de mujeres (134 entre los años 2000 y 2005) que en Guatemala (1,398 mujeres asesinadas en el mismo período), El Salvador (1,320), Honduras (613) y Nicaragua (269), el costarricense es el único país que ha adoptado fuertes penalizaciones contra quienes cometen delitos contra las mujeres: cárcel hasta por dos años “para quienes insulten, ridiculicen o humillen a una mujer, además de sentencias hasta de 35 años para quien asesine a su compañera”, según reportó la agencia ACAN-EFE.

Ahora bien, el endurecimiento de las penas por los delitos que se cometen contra las mujeres y la tipificación del feminicidio, no pondrá fin a ese flagelo y tal vez ni siquiera lo reducirá drásticamente, del mismo modo que las leyes más duras no han puesto fin al robo ni al asesinato de cualquier tipo. Por ejemplo, en España se aprobó en diciembre del 2004 una ley muy parecida a la que se dictó en Costa Rica el viernes pasado, pero los crímenes contra las mujeres en aquel país europeo no sólo no han disminuido sino que aumentaron.

En realidad, la lucha para poner fin a la criminalidad contra las mujeres, o al menos para disminuirla, es un proceso complejo que no sólo debe incluir acciones punitivas contra los criminales, sino también medidas económicas y educativas, incluyendo el entrenamiento de las mujeres, desde la infancia, en las técnicas de la defensa personal.

Pero de todas maneras es muy importante que se dicten y apliquen penas más duras contra quienes cometen crímenes contra las mujeres. Y esta no debería ser una demanda sólo de las organizaciones femeninas, sino de toda la sociedad, incluyendo a aquellos hombres que miden su hombría precisamente por el respeto a la dignidad y los derechos de las demás personas, en primer lugar de las mujeres.