La Procuraduría Ambiental ejercerá las acciones legales para que nueve funcionarios del Instituto Nacional Forestal (Inafor) resarzan 213,482 córdobas que el Estado dejó de percibir por beneficios económicos que habrían otorgado a empresarios que extrajeron madera en los municipios de Waspam y Puerto Cabezas, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).

La Contraloría General de la República (CGR) emitió una resolución el jueves pasado en la cual determinaron responsabilidades civiles contra los inspectores del Inafor por lo que cada uno de ellos tendrá que pagar al Estado esta glosa, en distintos montos individuales. Para esto tendrá que intervenir la Procuraduría General de la República (PGR).

El procurador auxiliar ambiental José Luis García informó que aún no han sido notificados de la resolución, pero una vez que esté en sus manos “la PGR promoverá todas las acciones legales necesarias para garantizar el cumplimiento de la resolución de la CGR”.

La auditoría de la CGR indica que los funcionarios cobraban hasta el cincuenta por ciento por debajo del valor de la madera para beneficiar a algunos empresarios madereros.

García añadió que igualmente revisarán si estos funcionarios señalados por la CGR son los mismos contra quienes la PGR ha promovido acciones penales anteriormente por irregularidades en el otorgamiento de permisos de aprovechamiento o traslados de madera en la RAAN.

García apuntó que la Procuraduría Ambiental continuará impulsando las acusaciones penales en los tribunales de la RAAN.