El Gobierno deberá explicar a la Contraloría General de la República (CGR) bajo qué condiciones adquirió 48 plantas generadoras de energía procedentes de Venezuela.
Los contralores colegiados ordenaron ayer al Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, que aclare esta situación que hasta ahora ha sido manejada con mucha discreción de parte del Gobierno.
“Que (Rappaccioli) informe a la Contraloría sobre la adquisición de estas plantas generadoras de energía, en qué condiciones han venido al país, si son prestadas, alquiladas, vendidas y bajo qué tipo de contratación, si es que hay, respecto a ella”, informó el contralor Lino Hernández Trigueros, vicepresidente de la CGR.
El Contralor indicó que la decisión fue tomada por unanimidad en una sesión ordinaria realizada el jueves pasado y una vez que reciban la información, decidirán qué medidas tomarán, es decir si procederán a hacer una auditoría o no.
Hernández opinó —en su carácter personal— que la población debería tener la mayor información sobre este tipo de decisiones.
“Lo que yo miro es que los funcionarios parece que tuvieran temor de abrirse a los medios, de informar. En mi opinión personal, y no institucional, creo que lo más conveniente es que se le brinde al pueblo la mayor información y nosotros estaríamos dando a conocer, por supuesto, la información que se nos brinde sobre esto”, declaró el Contralor.
Dichas plantas están operando desde esta semana; 16 lo hacen desde febrero.
El presidente Daniel Ortega dijo a finales de marzo que las plantas energéticas serían compradas al Gobierno venezolano y el costo sería de 100 millones de dólares. Las generadoras están produciendo 60 megavatios y según informes del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC), a los que tuvo acceso LA PRENSA, las plantas llamadas “Hugo Chávez” venderían su energía a un precio de 150 dólares el megavatio-hora, tomando en cuenta que operan con base en diesel.
MONTEALEGRE PIDE AUDITORÍA
En una carta enviada la tarde del jueves a los contralores, por parte del diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, solicitó realicen una auditoría al proceso de adquisición de dichas plantas generadoras.
Montealegre, quien intervino en el tema en su calidad de diputado miembro de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos ante el parlamento, pidió que se informe a través de qué entidad pública el Ejecutivo ejecutó la compra de dichas generadoras de energía, las condiciones, el monto de la contratación y a nombre de quién vinieron consignadas.
“(Que se determine) si en esa adquisición se cumplieron las normas y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y demás leyes aplicables, particularmente si se realizó mediante licitación pública o en caso contrario (si) se obtuvo de la CGR la correspondiente exclusión de procedimientos”, refiere parte de la misiva.
Montealegre también pidió se determine si dicha compra está respaldada en los estudios técnicos necesarios para garantizar que esa opción de generación es la que ofrece los costos más bajos y las condiciones técnicas más adecuadas para los intereses del país.
ACEPTAN QUE SON MÁS CARAS
Por su parte el Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, reconoció que estas plantas venezolanas son más caras, pero justificó el hecho en que están contribuyendo a resolver la emergencia planteada por los apagones de energía.
“Es cierto que es muy costoso su funcionamiento, la planta de diesel es de lo más costoso, pero más costoso es no tener energía eléctrica”, afirmó.
Carazo salió al paso de quienes aseguran que el Gobierno anterior intentó traer una barcaza para generar energía a menos costo, asegurando que lo querían hacer era una negociación turbia ya que no se sabía quién o quiénes estaban detrás de esta operación.
“Además, sobre estos inversionistas no se sabía nada (ni) de su calidad de inversionistas”, agregó Morales Carazo.
Sostuvo que en la Administración anterior se firmó un contrato de alrededor de más de 400 millones de dólares para cuatro años, sin saber finalmente con quiénes se estaba tratando.
“Pregunté en varias ocasiones para que me dijeran quiénes eran los inversionistas y no obtuve respuesta. Le pregunté incluso a Frank Kelly, presidente de Enel”, afirmó.
Aseguró también que las plantas venezolanas se quedarán en el país y no como se estableció con la barcaza “que cuando se le ocurriera se iría del país y nos dejaría sin energía eléctrica”.
SÓLO PARA EMERGENCIAS
El vicemandatario expresó que las plantas serán para resolver emergencias y no para mantenerse funcionando permanentemente.
“Que esa emergencia no se nos convierta en una permanente situación de emergencia, como a veces ocurre en nuestro país que hacemos cosas temporales y se vuelven eternas”, expresó.
En este sentido, el vicemandatario aseguró que el país debe continuar buscando nuevas fuentes de generación de energía como la hidroeléctrica, la eólica, y geotérmica.
El 28 de marzo pasado, el presidente Ortega, después de informar sobre el costo de las generadoras, resaltó la importancia de “la solidaridad” de parte del Gobierno venezolano.
“No nos dijeron pagame antes, firmá este contrato... ¡mandaron las plantas!”, dijo en aquella ocasión el líder sandinista en una conversación con LA PRENSA.
Ortega también señaló en la entrevista que Nicaragua llegaría a un acuerdo con Venezuela para ver la forma en que se van a pagar y defendió la legalidad de esta operación.
“Aquí lo importante es que hay una actitud de parte de Venezuela y de Cuba de entregarnos esto ¡sin condiciones! Y con el compromiso de que más adelante nos pondremos de acuerdo para ver la forma de pago. Ver si vamos a pagar con frijoles, con verduras, con nuestros productos, hamacas, muebles ¡no sé! Ya veremos. ¿Por qué? Porque esto se llama ‘comercio justo’ es la gran diferencia”, sostuvo Ortega en marzo.
