El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, calificó como “algo importantísimo” el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establezca un plazo de siete días al Estado de Nicaragua para que les proporcione información sobre la solicitud de apertura de un trámite de medidas cautelares a favor de Carmona y de otros funcionarios de ese organismo de derechos humanos, familiares y representantes miskitos, que han sido amenazados de muerte.
A su criterio, el solicitar al Gobierno resultados de las investigaciones sobre tales amenazas de muerte representa un paso positivo.
El defensor de derechos humanos considera que esto puede incidir también en que la Policía agilice las investigaciones sobre la denuncia presentada por amenazas de muerte.
Carmona se vio obligado a recurrir tanto a ese organismo internacional como ante la Fiscalía, en junio del año pasado, tras denunciar el caso de supuesto genocidio y crímenes de lesa humanidad ejecutado en los años ochenta en contra de las comunidades miskitas, donde los supuestos autores de estos crímenes fueron funcionarios del gobierno sandinista de esa época.
Según Carmona, por denunciar eso el año pasado fue que empezaron las amenazas de muerte en su contra a través de mensajes de chat a su teléfono celular, por lo que urgió las medidas cautelares ante la CIDH.
APOYADO POR CENIDH
En la presente semana Carmona recurrió ante otro organismo de derechos humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien lo respaldó en su demanda por la garantía de su seguridad.
Esto llevó a la CIDH a dirigir comunicación al gobierno de Ortega donde establece plazo para que remita la información sobre el caso.
“Cumplo con solicitar a su excelencia tenga a bien enviar a esta Secretaría, en un plazo de siete días, contados a partir de la recepción de esta comunicación, la información que considere oportuna sobre la situación a que se refiere el peticionario”, señala parte del texto.
Desde el año pasado Carmona anunció que estaba dispuesto a llevar el caso de la llamada Navidad Roja a los tribunales españoles.
