Aunque dicen no oponerse a la inversión turística, pobladores de las zonas aledañas a la Laguna de Apoyo están alarmados ante los proyectos urbanísticos privados que según ellos tratan de quitarles lo único que tienen: el agua de la laguna.
“Nunca hemos tenido agua potable en nuestras casas y lo único que tenemos es la Laguna de Apoyo, por eso queremos que se respete nuestro derecho y nos dejen llegar a la laguna”, dijo Máximo Varela Marenco, presidente del comité comunitario de Lagunas Dos, una de las comunidades rurales situada a pocos metros de las orillas de la Laguna de Apoyo, la cual comparten seis municipios.
La molestia del señor Varela surge principalmente luego de que los propietarios de la urbanización Vistalagos, un proyecto urbanístico de 110 manzanas de tierra, les obstaculizara el acceso a la bajada pública que los comunica a la laguna.
No obstante, los inversionistas de la urbanización negaron que se haya ejecutado alguna orden de restricción del paso.
“Hace unos quince días nos dijeron que ya no íbamos a poder entrar a la laguna, pero nosotros seguimos bajando”, dijo por su parte Eduardo Arcia, quien arriaba a sus cuatro vacas para darles de beber agua de la laguna.
Para Arcia, el agua de la laguna es vital para su familia que depende de la producción de leche y cuajadas que obtienen de su poco ganado.
Aunque los comunitarios ya enviaron una carta para solicitar apoyo a la Alcaldía de Granada, aún no han recibido ninguna respuesta oficial que les responda a su demanda del acceso al agua. Pero anunciaron que “lucharán” para defenderse.
La urbanizadora Desarrollos Ecológicos S.A. (Decosa) construye un proyecto habitacional que se extiende hasta unos tres metros del espejo de agua de la Laguna de Apoyo, donde fue construido un muro de piedras extraídas directamente del área protegida.
¿VIGILANTES DEL ÁREA PÚBLICA?
El área permanece en vigilancia privada, porque “a nadie le gusta que su casa sea del dominio público. Pero no le hemos impedido a nadie que entre a la laguna”, alegó Peter Sandiford, inversionista de Decosa, al ser consultado sobre la preocupación de los comunitarios.
La Ley 217, Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales, establece en su artículo 72: El agua, en cualquiera de sus estados, es de dominio público. El Estado se reserva además la propiedad de las playas marítimas, fluviales y lacustre; (...) el terreno firme comprendido hasta 30 metros después de la línea de marcas máximas o la del cauce permanente de ríos y lagos y los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.
La dirección especial de áreas protegidas del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) admitió que los permisos emitidos a favor del Club Vistalagos son anómalos e ilegales.
