La campaña por el plebiscito constituyente en Ecuador cerró este jueves con demostraciones de fuerza en las calles entre la oposición de derecha y el presidente Rafael Correa, quien vinculó su suerte en el Gobierno a la aprobación de su proyecto socialista.
Correa —el octavo mandatario en una década de inestabilidad política— se esforzó en desvirtuar la propaganda de la oposición que lo acusa de querer concentrar todos los poderes al estilo del venezolano Hugo Chávez, a través de una Constituyente que redactará una nueva Carta Política.
“Aquí nadie sigue la línea de Chávez; aquí seguimos la línea ecuatoriana, la de los ciudadanos, profundamente humanista, que quiere un cambio radical”, declaró el jefe de Estado, descartando la estatización y confiscación de bienes dentro de su plan del “socialismo del siglo XXI”.
Pero sus detractores, utilizando la alianza de los mandatarios venezolano y ecuatoriano como caballo de batalla, advirtieron que, de ganar la consulta, Correa desmontará el Estado de Derecho, acabará con la dolarización y ahuyentará la inversión extranjera.
“No quiero darle a mi hijo un régimen donde se violen las libertades como se hace en Venezuela”, dijo Alfredo Serrano, quien junto a otros 56 diputados fue destituido por la corte electoral el 7 de marzo bajo acusación de interferir con el plebiscito, lo que mantuvo paralizado el Congreso hasta comienzos de semana.
Cerca de 9.2 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas y Correa requiere de unos tres millones de votos para aprobar su Constituyente, considerando un 30 por ciento de ausentismo y tomando en cuenta los votos blancos y nulos.
El mandatario insistió en que de salir derrotado “probablemente se irá para la casa”, al término de una intensa campaña en la que apareció a diario en los medios, recorrió varias provincias y fustigó sin tregua a sus adversarios.
“Soy un demócrata convencido. Todo lo que he hecho es democrático y justamente lo que hemos dicho es: resolvamos nuestros conflictos en las urnas”, sostuvo Correa, defendiéndose de señalamientos que lo tildan de “dictador”.
Entretanto, grupos a favor y en contra salieron al centro de Quito a quemar sus últimos cartuchos. “¿Le daría un cheque en blanco a Correa?”, se leía en los volantes que repartió Jaime Villarroel, directivo de la Unión Demócrata Cristiana (UDC).
El gobernante promueve una Constitución de corte socialista que, según él, acabará con el Estado centralista, la politización de los tribunales y la justicia y recortará la facultad del Congreso de echar presidentes.
Asimismo, reposicionará al Estado como “planificador, regulador y promotor de la economía” y profundizará la propiedad de los recursos naturales en un país donde operan varias multinacionales petroleras y mineras.
