Ex funcionarios del Banco Central de Nicaragua (BCN) descargaron las responsabilidades en las juntas liquidadoras por las supuestas irregularidades que habrían ocurrido en el proceso derivado de la intervención y liquidación forzosa de cuatro entidades bancarias declaradas en quiebra entre los años 2000 y 2002.
El ex presidente del BCN, Noel Ramírez y el ex miembro del consejo directivo del mismo banco, Gilberto Cuadra, coincidieron en que las juntas liquidadoras son las responsables en las posibles anomalías.
La discusión del caso volvió cuando la Contraloría General de la República (CGR) está a punto de emitir una resolución en la que determina las responsabilidades de los funcionarios públicos que participaron en el proceso derivado de la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni).
Los Ceni fue una medida económica tomada durante la administración del ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, después de la quiebra del Intercontinental Bank (Interbank), el Banco del Café (Bancafé), Banco Mercantil (Bamer) y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
“Las juntas liquidadoras se tomaron libertades que no estaban previstas en su conformación”, declaró Cuadra después de ser entrevistado por los auditores de la CGR.
En tanto Noel Ramírez, en un escrito entregado a los auditores, “se lavó las manos” y manifestó que las juntas liquidadoras o administradoras, nombradas por la Superintendencia de Bancos (SIB), establecían los plazos y los mecanismos para determinar las tasas de interés, mismas que se establecían por medio de subastas administradas por las mismas juntas liquidadoras.
En agosto de 2005, la CGR denunció de nulidad la emisión de casi seis mil millones de córdobas en Ceni, para respaldar la quiebra de los bancos mencionados, argumentando que estos títulos valores carecían de absoluta base legal.
El ente fiscalizador del Estado está inhibido de indagar a los miembros de las juntas liquidadoras y la SIB por orden de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que admitió varios recursos de amparo ordenando suspender los actos investigativos.
“En mi carácter de presidente del Banco Central nunca participé en la quiebra de banco alguno, nunca intervine en banco alguno, nunca decidí la subasta, venta o adjudicación de banco alguno, ni las condiciones específicas en que éstas se realizaron, nunca ordené la emisión de Ceni alguno y mucho menos de sus tasas de interés (...)”, refiere parte del escrito de Ramírez.
Ramírez insistió en que la emisión de los certificados fue una medida para “proteger el ahorro nacional” una decisión tomada por el Gobierno y que además el pago de éstos fue aprobado por la Asamblea Nacional.
Luis Ángel Montenegro, presidente de la CGR, declaró que Ramírez es el principal responsable de la operación “que le costó 500 millones de dólares al Estado”.
El Contralor insistió en la ilegalidad de la reclasificación de las carteras entre el BCN y las juntas liquidadoras de la SIB que vendieron a los bancos privados.
INFORME LISTO A FINALES DE ABRIL
El contralor Montenegro adelantó que el informe final de auditoría será presentado a finales de abril y desde su punto de vista, todos los directivos y funcionarios del BCN que participaron en el caso, son responsables.
“La junta directiva del Banco Central no tenía ninguna facultad para emitir bonos, ni para que se pagaran 490 millones de dólares para quiebras de bancos privados”, sostuvo el Contralor.
