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Jorge Cevallos, presidente del Congreso, llega el martes al edificio sede de ese poder del Estado. (LA PRENSA/FP/.R. BUENDÍA)
Correa renunciaría si consulta no pasa
Deja entrever la posibilidad ante derrota política este domingo
QUITO/ AFP
Congreso vuelve a sesionar

Después de un mes de parálisis, el Congreso reanudó el martes sus sesiones de trabajo tras acoger criterios jurídicos que reconocen como válida la destitución de 57 de los 100 diputados, en una controversial decisión que todavía no es aceptada por los afectados.

La presencia de 63 diputados posibilitó el quórum para instalar la sesión. Los congresistas presentes son de partidos de izquierda, centroizquierda y grupos afines al Gobierno, quienes asumieron los cargos de los destituidos.

No estuvieron presentes los legisladores no destituidos de bloques opositores al presidente Rafael Correa.

“Mi decisión, por encima de las amenazas de juicios penales que he recibido para instalar esta sesión, me obliga a estar con el pueblo ecuatoriano y entregar un Congreso funcionando que legisle y fiscalice”, señaló el presidente del organismo, Jorge Cevallos.

Dijo que tomó la decisión facultado por varios informes de asesoría jurídica del organismo y de la Procuraduría del Estado que reconocen la vigencia de la resolución del Tribunal Supremo Electoral del 7 de marzo, de cesar en sus cargos a los 57 congresistas por obstaculizar la consulta popular del domingo.

En el referendo los ecuatorianos aprobarán o rechazarán la instalación de una asamblea constituyente, promovida por el Gobierno y criticada por la oposición.

Cevallos había pedido el criterio jurídico del procurador Xavier Garaicoa para proceder a instalar la sesión del martes, luego de que él mismo se había visto obligado a suspender las sesiones las últimas semanas ante dos fallos jurídicos contradictorios.

Garaicoa expresó el lunes que la resolución (de la Corte Electoral) está vigente porque no existe ningún pronunciamiento contrario por parte del Tribunal Constitucional (TC).

El TC es la máxima instancia que avala la legalidad de resoluciones jurídicas. Por ello, el procurador consideró que ese organismo será el que nos dé una solución definitiva a este tema y sugirió que el Congreso podría funcionar con una integración provisional hasta que el TC se pronuncie.

Una vez instalada la sesión legislativa, los diputados procedieron a debatir sobre la agenda del día pero no adoptaron ninguna decisión.

Centenares de policías rodearon el edificio del Legislativo para vigilar las instalaciones y no permitir el ingreso de los diputados destituidos, quienes no llegaron hasta el lugar.

Sin que se registraran incidentes, decenas de personas se apostaron en las afueras para expresar su respaldo a la asamblea constituyente.

Mientras tanto, 56 legisladores destituidos se reunieron en un hotel de la capital en lo que llamaron “la sesión del verdadero Congreso”, como la calificó Edison Chávez, quien encabezó la reunión paralela y que antes de ser destituido fungía como vicepresidente del Legislativo.

Ahí anunciaron su rechazo a la instalación del Congreso y a lo dicho por el procurador “porque no está facultado para pronunciarse” sobre el asunto.

“Este no es un Congreso paralelo, este es el Congreso, el único que existe... los 56 legisladores que ustedes ven presentes ahora (uno renunció), representan al verdadero Congreso Nacional”, aseguró Chávez.

AP

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, dejó en vilo su continuidad en el cargo ante una eventual derrota en el plebiscito constituyente del próximo domingo, a través del cual promueve una Carta Política que recortaría los poderes del Congreso.

Con poco menos de tres meses en el cargo, Correa admitió el martes que un resultado adverso lo pondría contra las cuerdas. “Habría que pensarlo seriamente porque sería un rechazo (a mi plan de gobierno). Yo no me aferro” a la Presidencia, sostuvo.

El gobernante deslizó su posible retiro en el segundo día de campaña mediática a favor de la consulta popular, que cuenta con el respaldo del 63 por ciento de los votantes según una encuesta de Cedatos-Gallup. La indecisión se ubica en un 32 por ciento.

“No estoy aquí para aferrarme a un cargo ni para pasar a la historia, estoy para servir al pueblo ecuatoriano, y el momento en que el pueblo ecuatoriano crea que ya no le sirvo, no quiera seguir contando con mi servicio como Presidente de la República, me voy a la casa”, expresó.

Correa —el octavo Presidente en una década de inestabilidad en Ecuador— vinculó su suerte a la de la consulta preocupado por la creciente campaña de la oposición contra el plebiscito, acusándolo de querer implantar un modelo autoritario que estatizaría la economía.

“Hay una propaganda mafiosa (...) El ‘Sí’ le está dando 3 a 1 al ‘No’, pero con más nulos y blancos puede ser que no se logre la mayoría absoluta y se pierda la consulta”, estimó en una entrevista con radio Sonorama.

Correa necesita reunir unos tres millones de votos —de un universo estimado de 6.4 millones— para la aprobación de su Constituyente. Unos 9.2 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas, de los cuales históricamente acude un 70 por ciento.

ANALISTA: “GESTO ELECTORAL”

El analista Hernán Reyes, de la Universidad Andina Simón Bolívar, estimó que Correa al plantear su renuncia “trata de volcar su popularidad (del 70 por ciento) hacia la consulta”.

“Los anuncios de renuncia son un discurso de corte electoral para conseguir un triunfo en la consulta y luego una mayoría abrumadora en la Asamblea”, señaló el experto a la AFP.

Al aceptar la probabilidad de una derrota, el mandatario aseguró que no “se siente dueño del país” y que si el electorado elige quedarse con los políticos de siempre, les “dejará la vía libre”.

“Mi concepto de democracia es que soy el mandatario que recibe un mandato a través de las urnas de parte del mandante, que es el pueblo. Si ese mandato no nos quiere más en el Gobierno, me voy con la conciencia tranquila a mi casa”, abundó.

Si por el contrario obtiene un triunfo, Correa aseguró que propondrá una Constitución que limite la facultad del Congreso para destituir presidentes dejando intacta la división de poderes.

Correa promueve una nueva Constitución que se ajuste al “socialismo del siglo XXI” que también alienta su aliado el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

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