La creación del Consejo de Reconciliación y Paz dio lugar en la opinión pública a todo un debate sobre la conveniencia o no de que Su Eminencia, el cardenal Miguel Obando y Bravo, asumiera dicho cargo. Sobre ese tema es útil recordar lo que pretendieron los presidentes centroamericanos cuando firmaron el Acuerdo de Esquipulas II. Nicaragua estaba en guerra y la región convulsionada por el peligro de una generalización del conflicto. Las dos superpotencias —EE.UU. y la URSS— negociaban el fin de la guerra fría en la que Nicaragua era en Latinoamérica el eslabón final de la lucha entre comunismo y democracia. Esquipulas II nació, entonces, como una solución política negociada que pasaba por el siguiente proceso de cumplimiento de compromisos:
1.- Diálogo: Que los gobiernos de los países donde se han producido profundas divisiones dentro de la sociedad, iniciaran el diálogo con todos los grupos desarmados de oposición política interna. 2.- Amnistía: En cada país centroamericano, salvo en los que la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento determinara que no era necesario, se debían emitir decretos de amnistía que garantizaran la inviolabilidad de la vida, la libertad en todas sus formas, los bienes materiales y la seguridad de a quienes se aplicaba la amnistía. 3.- Comisión Nacional de Reconciliación: a fin de garantizar la vigencia del proceso de reconciliación nacional y el respecto irrestricto de todos los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Dicha Comisión estaría integrada así: Un delegado propietario y un suplente, del Poder Ejecutivo de cada país. Titular y suplente sugerido por la Conferencia Episcopal y escogido por el Gobierno de entre una terna de obispos. Titular y suplente de los partidos políticos de oposición legalmente inscritos. Un ciudadano notable y su suplente “que no pertenezca ni al Gobierno ni al partido de gobierno”.
4.- Cese de hostilidades: Los gobiernos, se comprometieron a hacer una exhortación vehemente a las fuerzas irregulares o insurgentes para concertar un cese del fuego. 5.- Democratización, en este campo los compromisos fueron: Impulsar un auténtico proceso democrático pluralista y participativo. 6.- Elecciones Libres: creadas las condiciones inherentes a toda democracia se debían celebrar elecciones libres, pluralistas y honestas. 7.- Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares y/o los movimientos insurreccionales: Los gobiernos solicitarán a los otros gobiernos de la región y a los extrarregionales que abierta o veladamente prestan ayuda que cesen esa ayuda y a los grupos irregulares que se abstengan de recibirla. 8.- No uso del territorio para agredir a otros Estados: Que los gobiernos no usen su territorio como plataforma de lanzamiento de invasiones o tránsito de tropas y armas. 9.- Negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamentos: que incluye el desarme de fuerzas irregulares. 10.- Refugiados y Desplazados: Con la cooperación de ACNUR a fin de atender la difícil situación de los miles de refugiados y desplazados por los conflictos bélicos de la región.
11.- Cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo: Instaurada la democracia es posible celebrar convenios de cooperación para alcanzar sociedades más justas. 12.- Verificación y Seguimiento Internacional por una Comisión compuesta por el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, los Cancilleres de los gobiernos de Centroamérica, los Cancilleres de Contadora y el Grupo de Apoyo. 13.- Calendario de Ejecución de Compromisos: Se buscaba la manera de que los compromisos entraran a regir simultáneamente en todos los compromisos. 14.- Disposiciones finales, Simultaneidad: los Acuerdos forman un todo indivisible y deben ser cumplidos simultáneamente en todos los Estados.
Se plantea ahora en las nuevas condiciones que hay en l país, el problema del Consejo Nacional de Reconciliación y Paz, una figura recién creada por el gobierno de Daniel Ortega que se sugiere similar a la Comisión Nacional de Reconciliación de la década de los ochenta y de la cual el cardenal Obando y Bravo asuma su dirección? ¿Por qué y para qué? El Gobierno defiende su nombramiento presentándolo como el único capaz de conducir el cumplimiento final de los acuerdos y del proceso de reconciliación nacional como un todo. Sectores de la Resistencia sostienen que este Gobierno no ha terminado de cumplirles todos los compromisos asumidos con ellos y que por tanto Su Eminencia sería el garante de dicho cumplimiento.
La pregunta que a mi juicio hay que hacer es si efectivamente tendrá el Cardenal las posibilidades materiales, logísticas y humanas para ese propósito. La primera señal, nada positiva por cierto, es haberle otorgado país por cárcel al ex presidente Alemán lo que indica que se quiere utilizar a Su Eminencia para que éste proponga una nueva ley general de amnistía, amplia e incondicional, como presupuesto para la “reconciliación nacional” (como si el país estuviese necesitándola).
Quedan un sinnúmero de dudas por despejar en esta iniciativa gubernamental que pareciera destinada a darle un rol aún más preponderante al cardenal Obando, como una de las figuras más fuertes del país, ahora estrechamente ligado al proyecto del gobierno llamado de la “Unidad y la Reconciliación Nacional”.
