La Fiscalía de Colombia está investigando la posible participación de la multinacional Chiquita Brands en el tráfico de 3,400 fusiles AK-47 y cinco millones de municiones propiedad del Ejército de Nicaragua, que terminaron en manos de paramilitares colombianos en el 2001, para lo cual ha solicitado información al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con la información, el 5 de noviembre del 2001 el barco de bandera panameña Oterloo descargó las armas en el puerto de Zungo, ubicado en el municipio de Carepa, Uraba Antioqueño, en una bodega de Banadex, S.A., filial de la Chiquita Brands.
El arsenal proveniente de Nicaragua con 14 contenedores de armas, supuestamente vendidos por la Policía de Nicaragua a la Policía de Panamá, fue recibido por Vicente y Carlos Castaño, ex jefes de la Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), contrabando considerado por los ex paramilitares como el mayor éxito logrado por las AUC.
Recientemente la multinacional bananera Chiquita Brands reconoció que hizo más de cien pagos por casi dos millones de dólares a los paramilitares, bajo el argumento de procurar protección para sus empleados en las zonas bananeras, por lo que el Gobierno de Estados Unidos multó a la empresa con 25 millones de dólares por financiar a grupos considerados por ese país como terroristas.
El escándalo político que enfrenta la multinacional, por asociarse con grupos paramilitares, también involucra en Colombia a congresistas, militares, policías y destacados políticos por su nexos con los “paras” y asegura la reedición de una investigación que puso a las autoridades militares y policiales de Nicaragua en el centro de una investigación de la OEA.
Actualmente hay ocho legisladores detenidos y el presidente Álvaro Uribe está contemplando la posibilidad de extraditar a los funcionarios de Banadex que participaron en los pagos a los paramilitares.
El caso
El caso, que involucró a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua, inició cuando el general retirado, Roberto Calderón, actuando como intermediario entre la sociedad israelí Girsa y la Policía, embaló, embarcó y custodió el arsenal hasta el barco Oterloo con supuesto destino a Panamá.
De acuerdo con la información de la época, la Policía pretendía cambiar cinco mil viejos fusiles AK por armas cortas más apropiadas para el trabajo policial, pero debido al mal estado de las mismas, Girsa no las aceptaba.
En ese punto, el Ejército aceptó permutar las cinco mil AK, por 3,400 de su arsenal que estaban en mejor estado, debido a que la armería del Ejército estaría en capacidad de arreglar y embodegar de mejor manera los viejos fusiles con una ganancia de 1,600 armas para su arsenal.
Una vez aceptado el cargamento, supuestamente a través de Girsa la Policía Nacional vendería las armas a la Policía de Panamá, con lo que obtendría el lote de armas cortas que necesitaba. Ese fue el argumento oficial mantenido por las autoridades nicaragüenses.
Calderón alegó que Ori Zoller, dueño de Girsa, le entregó papeles con el membrete oficial de la Policía de Panamá, pero los panameños aseguraron que desconocían en todo momento la transacción.
El entonces jefe del Ejército de Nicaragua, general retirado Javier Carrión McDonough, alegó que tanto la institución militar como la Policía Nacional fueron “víctimas del crimen organizado” en el desvío del cargamento hacia Colombia.
Por su parte el ex jefe policial, comisionado en retiro Edwin Cordero, manifestó que habían “pecado por exceso de confianza”.
El ex presidente Enrique Bolaños aceptó en su momento las explicaciones de Carrión y Cordero y les ofreció su respaldo, no obstante el caso queda abierto nuevamente a la luz de las investigaciones sobre el posible involucramiento de Chiquita Brands en el contrabando de mayor importancia para los paramilitares colombianos.
