La Virgen del Hato, la peregrina de occidente, regresó el domingo a la ciudad de El Viejo bajo custodia policial. Una representación de la Comunidad Indígena amenazó con empañar el recibimiento de la imagen en su pueblo natal, El Viejo, luego que afloraran diferencias que sugieren una división entre sus miembros.
Ante esas intimidaciones, Cristóbal Pomares, presidente de la junta directiva de la Comunidad Indígena que administra sus bienes, recurrió a la Policía Nacional de El Viejo para pedir protección policial para resguardar la imagen ante un posible secuestro y seguridad para quienes asistieran a la procesión mariana.
El conflicto interno entre la nueva directiva y viejos guardadores salta a la luz a raíz de que se dieron a conocer los resultados de una auditoría ordenada por quienes asumen las nuevas responsabilidades.
Juan Palma, quien ha acompañado a la Virgen por más de 35 años, es fiel testigo de que la imagen nunca estuvo secuestrada y que este año cumplió con los mismos compromisos de sus devotos, en San Juan del Sur, Masaya, León y el Pacífico Sur del departamento de Chinandega, donde es recibida con pompa y alabanzas de fe cristiana.
Sin embargo, Palma junto a otro grupo, acusa a la actual directiva de incumplimiento a las viejas tradiciones y de impedir las visitas de la Virgen peregrina hacia Nueva York y California, en Estados Unidos.
Pomares declaró a LA PRENSA que “tratan (los de la vieja directiva) de confundir a los promesantes” porque como primera medida, tras asumir sus responsabilidades, se realizó una auditoría donde se encontraron irregularidades que ponen al descubierto serios conflictos.
El patrimonio de la Virgen del Hato, según se conoce, es una casa de reposo, una propiedad rural de 17 caballerías españolas, que tiene una extensión de 1,188 manzanas, invadidas en buena parte por ex directivos y pobladores del norte; bienes en oro macizo y laminado, y una cuenta en dólares.
Pomares denunció que viejos directivos, abusando de las firmas libradoras en el banco, emitieron un cheque hasta por la cantidad de mil 700 dólares, sustraídos recientemente y sin que presenten documentos que respalden el gasto que hicieron.