La instigación de pobladores para que invadan propiedades cercanas a las costas, bajo el argumento de que las playas son libres, promovida por el ex alcalde de San Juan del Sur y ex diputado sandinista Gerardo Miranda Obregón, fue catalogada por el Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, como fuera de lugar y de orden.
Morales dijo que “es una actitud totalmente personal de Miranda”, al que calificó de “atrabiliario”.
“El Gobierno tiene un compromiso pleno y total, aquí la propiedad es sagrada y ese es un principio fundamental”, aseguró.
Sin embargo, las acciones que coordina Miranda tomaron fuerza la semana pasada, después que el Procurador General de la República, Hernán Estrada, advirtió que las costas son propiedad del Estado y que ni los empresarios privados ni las alcaldías pueden impedir el acceso de la población.
Los conflictos por propiedades costeras en el departamento de Rivas, no sólo afectan a San Juan del Sur, ya que en el municipio de Tola, se ha agudizado un problema similar que ya lleva varios meses sin solución.
Hace días los concejales de la Alcaldía de Tola acordaron destituir a la alcaldesa sandinista Loyda García, a la que acusan de cometer malos manejos. No obstante, el contralor Luis Ángel Montenegro se pronunció a favor de la alcaldesa, argumentando que su destitución carece de legalidad.
El conflicto en la Alcaldía de Tola se originó a raíz del arriendo de terrenos costeros en la localidad.
En San Juan del Sur han confirmado que las personas que acompañan a Miranda son reconocidos simpatizantes sandinistas, pero el vicepresidente Morales negó que las acciones de ese grupo de personas estén ligadas al partido sandinista.
“Ese es el gran problema que hay, como eran tierras que valían menos que ‘guate mojado’ y ahora valen millones de dólares, entonces han despertado la voracidad y la codicia de una cantidad de elementos de diferente índole”, explicó Morales.
Afirmó que la actitud del ex alcalde y ex diputado sandinista es motivada en parte por diferencias entre éste y el actual alcalde sanjuaneño. “Él tiene problemas, siempre ha tenido contradicciones y confrontaciones con Eduardo Holmann”, aseguró.
Morales Carazo comentó que Holmann es “un alcalde progresista, por eso es que andan agitando la cosa, pero aquí no hay ninguna política que apañe ni auspicie ninguna invasión de tierras de parte de nadie”.
Acciones delincuenciales
El vicepresidente afirmó que las acciones de Miranda y sus seguidores son actos delincuenciales, y los dueños de propiedades deberían proceder legalmente.
“Se anda violando la ley totalmente, y el que hace esas cosas es delincuente, creo que los propietarios de las tierras tienen todo el derecho de tomar acciones legales”, indicó.
Sin embargo, reconoció que hay un desorden legal en torno a propiedades que han sido adquiridas de forma indebida.
“Lo que ha ocurrido también, es que muchos de los actuales propietarios no están muy legalizados, no todos han adquirido las tierras por las vías correctas, quedemos claros de eso, ahí han habido grandes abusos, grandes cuchumbaleos y grandes zanganadas”, advirtió Morales, quien considera que en estas irregularidades hay personas vinculadas a todos los partidos y a los gobiernos anteriores.
“Lo que le conviene al país es tener un desarrollo seguro y confiable, que el que vaya a comprar propiedades, sea nicaragüense o extranjero, tenga la certeza de que esa propiedad está legítimamente registrada, constituida y adquirida”, añadió.
Destacó que muchas propiedades están registradas bajo figuras de títulos supletorios, cooperativas agrarias y “otros inventos”.
En ese sentido refirió que “es un relajo tremendo; lo deseable es que (la propiedad) se ordene en un futuro cercano para darle seguridad a todo el mundo, pero no se va a apoyar a ningún zángano que ande promoviendo invasiones y haciendo lo que le dé la gana”.
Ilegalidad por dos lados
El problema del acceso a las costas ha sido una constante, porque algunos dueños de propiedades colindantes con la playa impiden la entrada de pobladores que tradicionalmente han visitado esos lugares para recreación o labores de pesca.
De acuerdo a la Constitución, las playas y costas son patrimonio del Estado y, por lo tanto, de libre acceso para todo ciudadano. En este sentido hay acciones ilegales tanto de los propietarios de terrenos colindantes con las costas, al impedir el acceso a éstas, como por los incitados por Miranda porque han derribado cercas de propiedades privadas.
Lo anterior fue reconocido por el constitucionalista Gabriel Álvarez, quien explicó que el principio general implícito en las leyes es que las playas son del Estado y por lo tanto debe haber pleno acceso, salvo cuando existan regímenes jurídicos especiales en determinadas áreas otorgadas bajo alguna modalidad, como arriendos y cesiones hechas por autoridades municipales. No obstante, éstas también implican algunos derechos adquiridos.
Las andanzas de Miranda
Miranda, luego de ser propietario de un bar en San Juan del Sur, logró ser alcalde de ese municipio bajo la bandera sandinista en el período 1996-2000. Posteriormente fue diputado por el departamento de Rivas.
El ex alcalde y ex diputado sandinista ha sido cuestionado en ambos cargos. Durante su gestión municipal fue cuestionado por supuestas irregularidades, al otorgar terrenos ejidales en los que habría beneficiado a familiares y allegados.
Luego, durante su período de legislador, fue catalogado de traidor por varios diputados sandinistas, a los que sorprendió al venderse efímeramente al Partido Liberal Constitucionalista durante la elección de la junta directiva del parlamento, en enero del año pasado.
Miranda salió airoso de su desliz, luego de reunirse con el hoy mandatario Daniel Ortega. Recientemente fue nombrado cónsul de Nicaragua en Liberia, Costa Rica.
