Los diferentes actores políticos, sociales y económicos, el público en general, así como la cooperación internacional, coinciden en que el problema urgente de Nicaragua a corto y mediano plazo, sigue siendo reducir la pobreza y revertir el acelerado empobrecimiento de los hogares nicaragüenses, ubicados en los grupos de menor ingreso y consumo. El espíritu institucional de la política social en los últimos años, repetido en sus líneas gruesas, señala que “se debe enfrentar el desafío de mejorar las condiciones de vida de la población, cuyas demandas son de enormes proporciones” y que “se deben reorientar los recursos, para atender a las urgentes prioridades de la población más vulnerable” (Política Social, Ministerio de Acción Social, 1997).
Por razones de distribución heterogénea de los grupos en alto riesgo social y de obvias limitaciones de recursos para atenderlos, identificar para intervenir eficazmente a esa “población más vulnerable”, requiere un insumo importante y costoso: información actualizada y confiable. Esto, porque con datos y perfiles apropiados sobre las condiciones de vida, se pueden achicar los errores de exclusión (no beneficiar a los verdaderos necesitados) y de inclusión (beneficiar a quienes no lo necesitan). De ahí, que el impacto de la focalización en el bienestar de los más pobres, depende no sólo de la bondad de lo que se les transfiere, sino también de la capacidad de identificarlos claramente (y esto es mucho más importante cuando dichas transferencias son limitadas, como es el caso de Nicaragua).
Esfuerzos en años recientes para identificar a los “más vulnerables”, ha impulsado a organizar en el país diferentes escenarios de información (con su correspondiente costo de inversión y supuesto impacto en la pobreza, ya sea para su monitoreo o reducción), entre los cuales cito los más relevantes: el mapa de necesidades básicas insatisfechas (Ministerio de Acción Social y Secretaría de Acción Social), los registros de beneficiarios por bonos de la Red de Protección Social (Ministerio de la Familia), el mapa de pobreza (Fondo de Inversión Social y Económica), las encuestas asociadas al índice de desarrollo humano (Programa de Naciones Unidas), el mapa de vulnerabilidad para la seguridad alimentaria (Programa Mundial de Alimentos), las encuestas de nutrición (Secretaria de Coordinación y Estrategia), las encuestas de línea base (Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza) y las Encuestas de Medición de Nivel de Vida (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
La línea conductora y transversal de estos distintos escenarios de información, se basa en identificar dónde se encuentran y qué características y potencialidades tienen los hogares con las mayores carencias, pero el problema es que de arranque muestran un problema intrínseco: capturan solamente, un aspecto particular de la pobreza. La importancia relativa de ello es que, enfoques variados para identificar a los más necesitados, derivan en acciones dispersas, en recursos que siguen perdiendo eficacia —por los riesgos de beneficios parciales—, en falta de integración sectorial en intervenciones comunes hacia los que están más empobrecidos y en cierto grupo de población carenciada que por razón de limitación de los instrumentos utilizados para su identificación, los colocan fuera del foco de la prioridad social.
Por eso no es de extrañar, que muchos de estos esfuerzos de información si bien meritorios y ajustados al marco de sus necesidades particulares, han funcionado como estancos independientes, separados y desarticulados de una política social más integrada, conduciéndolos inevitablemente hacia distintas tomas de decisiones en el terreno. A estas alturas, la experiencia demuestra que el país requiere colocar a la mayor brevedad posible en un esquema de información más integrador, dinámico y útil, esos enfoques multidimensionales de la pobreza primero, para aproximarnos hasta donde sea posible, a una identificación real de sus necesidades y segundo, para que las futuras intervenciones sean mucho más efectivas sobre los verdaderos beneficiarios.
La coordinación y posible integración de los diferentes instrumentos para identificar las poblaciones “más vulnerables”, mejoraría evidentemente la capacidad de esas herramientas como guías, en el uso de los programas sociales. Se obtendrían mejores sinergias operacionales y una mayor optimización de los recursos entre instituciones interesadas en el tema, un creciente efecto significativo de las intervenciones en términos de costo-efectividad, importantes ventajas comparativas respecto de los viejos y poco eficaces sistemas de información sobre las condiciones de vida en el país, mayor cobertura del gasto social y evidentemente, un impacto mucho más efectivo y tangible, sobre la máxima aspiración de los nicaragüenses: la reducción significativa de la pobreza y principalmente, de la pobreza extrema.
