El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) (1974-1980), Uriel Mendieta Gutiérrez, advirtió que el Estado podría generar un problema serio si pretende “desalojar” a quienes poseen terrenos costeros en los balnearios del país, porque tendría que pagar por todas las edificaciones hechas.
Mendieta Gutiérrez, quien ha hecho un estudio cuidadoso del tema, valoró que si se aprueba la Ley de Costas con efectos retroactivos y si no se hace con “moderación y respeto”, su implementación causaría un caos judicial, porque quienes han hecho construcciones en los balnearios tendrían que demolerlas, un costo que tendría que asumir el Estado.
La discusión volvió luego que la semana pasada, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, declaró que las playas de Nicaragua son públicas y que ni los empresarios privados ni las alcaldías podían impedir a la población el libre acceso a las costas del país.
El proyecto de ley en cuestión establece que en las costas del océano Pacífico sólo pueden hacerse construcciones privadas a una distancia de 200 metros desde el punto más alto que alcanza la marea, llamado pleamar.
El doctor Mendieta se remontó a una sentencia de la CSJ dictada el 22 de agosto de 1962 en la cual se dejó firme, mediante un recurso por inconstitucionalidad, que “todos los títulos de terrenos nacionales anteriores a la Ley de 1917 (Ley Agraria), tienen validez hasta la orilla de la costa o ribera (...)”
“La nueva Ley de Costas o como la llamen, no puede afectar los terrenos que tengan escrituras o títulos anteriores a la Ley Agraria de 1917”, argumentó el jurista.
NUEVA LEY DE COSTAS
En tanto, la municipalidad de San Juan del Sur impulsa una Ley de Costas que resuelva las contradicciones que actualmente existen en el tema de acceso a las playas; en vista de las invasiones que se han producido en propiedades privadas que tienen acceso al mar.
Desde la semana pasada, el ex diputado Gerardo Miranda Obregón y un grupo de comunitarios que se autodenominan “hijos del mar”, han iniciado una campaña de apertura de caminos hacia las playas, sin respetar la propiedad privada de quienes se encuentran en estos lugares.
El alcalde sandinista de San Juan del Sur, Eduardo Holmann, comentó que envió una comunicación a la Asamblea Nacional, a la Presidencia de la República y al Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), para que discutan una iniciativa de Ley de Costas nueva, que deje claro el libre acceso a las costas y la servidumbre de paso.
“La anterior (Ley de Costas) fue engavetada, porque además de estos principios de libre acceso, de que las playas son del dominio público, de definir una servidumbre de paso para que pueda entrar cualquier persona, habían otras cosas que eran de carácter confiscatorio, expropiatorias, pero al entonces candidato Daniel Ortega le asustó eso y posteriormente en 2005 engavetaron esa ley”, dijo Holmann.
Precisamente, Miranda era uno de los principales impulsores de esta ley.
Holmann dijo que en los próximos días, en conjunto con el actual titular de la Procuraduría, revisará los problemas de propiedad que hay en San Juan del Sur.
“Vamos a impulsar para que exista una Ley de Costas correcta, con la PGR vamos a analizar todos los problemas de legalización de tierra que hay”, afirmó.
