La votación en plancha que realizaron los diputados del FSLN y el PLC para la elección de cuatro magistrados a la Corte Suprema de Justicia, violó la ley y dejó establecida la continuidad nefasta del Pacto. Y aunque algunos magistrados respondan con sus acostumbradas leguleyadas, el hecho permanece invariable tanto para la gran mayoría de los ciudadanos nicaragüenses, que entienden muy bien que lo que hubo en la Asamblea Nacional el 28 de marzo fue una simple repartición de puestos de parte de ambos caudillos.
En cuanto al procedimiento específico de la votación para magistrados, la Constitución Política de la República dice en la última parte del numeral siete, artículo 138 que: “Se elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional”.
De la misma forma que “cada día” no significa “todos los días”, tampoco “cada magistrado” significa “todos los magistrados”. El adjetivo “cada” seguido del nombre correspondiente, en este caso “magistrado” (“se elegirá a cada magistrado”), equivale a decir “cada uno” de ellos. Es decir que el interés del legislador es que la votación para magistrados se haga de forma individual y por separado. La frase “cada magistrado” distingue y designa separadamente a un magistrado de otro. Si el legislador hubiera estado pensando en una votación en plancha, lo hubiera dicho de manera expresa o hubiera omitido la palabra “cada” para decir en su lugar “los magistrados”. En nuestro tan previsible medio político, cuando la Asamblea Nacional recurre a la votación en plancha es porque algo huele mal.
El nombramiento de otros funcionarios también estuvo plagado de ilegalidades. Se votó por personas que no calificaban para puestos específicos. Uno de los casos más notorios fue el de la Vicesuperintendenta de Bancos, señora Virginia Molina Hurtado, la cual según revelaron diputados de las bancadas de oposición no tiene entrenamiento académico y experiencia en Finanzas y Administración, requisitos estos taxativamente establecidos en la ley para ejercer dicha función.
Un diputado entrevistado al respecto dijo que de cualquier forma “ya habían votado”. Como quien dice, “lo hecho está hecho y lo importante es que se haya hecho”. Esto confirma que a la hora de nombrar funcionarios, la principal consideración no es buscar la persona idónea para tal o cual cargo ni cumplir con los procedimientos legales sino premiar fidelidades. La legalidad de sus actuaciones es algo que hace mucho dejó de inquietar a los legisladores pactistas.
La elección del doctor Sergio Cuarezma como magistrado de la Corte Suprema de Justicia llamó la atención de la gente que conoce el ambiente abogadil y judicial. El doctor Cuarezma es un jurista sin duda muy competente que se ha dedicado principalmente a escribir, asesorar y enseñar. Pero está claro que no fue por su experiencia abogadil que los propuso el partido de Arnoldo Alemán. Cabe recordar al respecto que en el 2005, el entonces diputado sandinista Bayardo Arce aseguró que su nominación —de Cuarezma— a magistrado suplente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) era un favor político de parte de Alemán a cambio de su Régimen de Convivencia Familiar otorgado por la esposa de Cuarezma, la Juez Primero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata.
En el 2005 el doctor Sergio Cuarezma renunció a su postulación a la CCJ, para evitar que se le ligara con Arnoldo Alemán y dijo que prefería seguir trabajando en instituciones privadas y públicas “y desde allí, evitar en la medida de lo posible que los operadores políticos económicos nacionales y transnacionales utilicen las instituciones como trincheras de lucha de partidos políticos; desarrollo de contracciones; tensiones políticas e ingobernabilidad de nuestro Estado”. En esta ocasión, el ahora flamante magistrado decidió aceptar. ¿Considera que han cambiado en Nicaragua las circunstancias que le impidieron aceptar en aquella ocasión?
En todo caso, la ciudadanía esperará que el magistrado Cuarezma honre aquellas palabras vertidas en una entrevista concedida a LA PRENSA en el 2003, cuando refiriéndose al juicio contra Arnoldo Alemán por la huaca, dijo: “La trascendencia de un juicio como éste equivale a una lección ética enorme para el país: que nadie vuelva a robar”.
