SAN JOSÉ. - El gobierno de Costa Rica promueve reformas a una reciente Ley de Migración y al Código de Trabajo para facilitar el ingreso de mano de obra extranjera y llenar un faltante de 150,000 empleos para los próximos tres años, informó este lunes el diario La Nación.

La Asamblea Legislativa revisa las propuestas gubernamentales en materia de migraciones para la ley que rige desde agosto pasado.

Abogados y expertos de la Organización Internacional para las Migraciones elaboran posibles reformas al Código de Trabajo, vigente hace poco más de 50 años, señaló la información.

Las reformas pretenden allanar el camino a los extranjeros, ya que disminuirían los trámites que deben completar quienes deseen integrarse a la fuerza laboral del país, indicaron fuentes gubernamentales.

El ministro de Trabajo, Francisco Morales, argumentó la necesidad de los cambios porque la Ley de Migración y Extranjería y el Código de Trabajo no reflejan la "realidad laboral" actual de Costa Rica.

Cifras del Ministerio de Trabajo precisan que en los próximos tres años el país requerirá de 150,000 plazas nuevas en los sectores del turismo, construcción, telecomunicaciones y agroindustria, principalmente, que difícilmente podrán ser llenadas por costarricenses.

DERECHOS Y DEBERES

Esa cantidad es igual al 15% de los empleados asegurados ante la Caja Costarricense del Seguro Social a finales del año pasado y al 8% de la población empleada, que en julio pasado era de 1.8 millones, según datos del gobierno.

Morales afirmó que las reformas darían al empleado migrante derechos y deberes al igual que los nacionales.

Por su parte, el director de Migración y Extranjería, Mario Zamora, explicó que una de las reformas permitirá a las empresas contratar a los migrantes cuando estén en el país, contrario a lo que ocurre actualmente, que las empresas desplazan personal a los países vecinos para las contrataciones.

En Costa Rica hay decenas de miles de trabajadores extranjeros, especialmente nicaragüenses, que laboran en la agricultura, oficios domésticos y construcción, principalmente.

Cifras extraoficiales indican que los migrantes rondan los 600,000, de los cuales un 50% carecen de documentos.