El poder ciudadano, del que alardea el gobierno del Frente Sandinista (FSLN), se caracteriza porque prohíbe hablar y si el gremio periodístico acepta esa imposición dictatorial, los principales afectados serán los ciudadanos.

La orden del presidente Daniel Ortega de despedir a la directora del Instituto de Cultura, Margine Gutiérrez, un día después que LA PRENSA publicó una entrevista con ella, es la última evidencia clara.

Después de leer las declaraciones de Gutiérrez a LA PRENSA, hace una semana, pensé que era el indicio de una apertura del gobierno sandinista con el periodismo independiente de Nicaragua, pero no. Sólo sirvieron para confirmar un propósito gubernamental: acabar con la libertad de expresión y de prensa en el país.

Antes de abandonar la oficina del Palacio de Cultura, Gutiérrez resumió lo que considero el trasfondo de esa política de Ortega: “Un pueblo desinformado es un pueblo que no puede tomar decisiones”.

O sea que el cuento del “poder ciudadano” es más propaganda que realidad, porque en el gobierno sandinista ningún ministro, menos el miembro de un “consejo ciudadano”, tiene autorización para dar una explicación pública de las funciones que desempeña.

Ortega le ha cortado a los ciudadanos el derecho a ser informados a través de los medios de comunicación, porque son los periodistas los que van a las instituciones a indagar los temas de interés de la población y buscan a los funcionarios para que respondan las preguntas necesarias en ese sentido.

En un análisis de la estrategia de comunicación de la administración sandinista, el periodista Guillermo Cortés señala que Ortega tiene una pretensión totalitarista y demagógica, en vez de garantizar sistemas de información libres.

“El totalitarismo es transversal” y aunque la estrategia expresa que el pueblo cuenta “con derechos y deberes que ahora, al fin podrá ejercer plena y soberanamente”, esta “es una expresión de demagogia, porque, por un lado se niegan los derechos y por otro se afirma que se podrán ejercer”, explicó Cortés.

Desconozco si los directivos del Colegio de Periodistas han tratado estos temas con Ortega, con quien firmaron un acuerdo. Si no lo han hecho, deberían poner las cartas sobre la mesa, porque si un ministro se niega a responder las interrogantes de un reportero, por orden del Presidente, significa que éste coarta la libertad de prensa.

Si algunos en el colegio consideran que esas acciones de los funcionarios públicos nada tienen que ver con el ejercicio periodístico y no protestan, de hecho serán cómplices de un atentado contra la libertad de prensa y de que más tarde ciertos periodistas se conviertan en repetidores de comunicados oficiales.

Si a la prohibición a los ministros, de que brinden declaraciones a los periodistas sumamos la propuesta de los diputados de considerar información privada, las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos, vemos cómo el Gobierno trata de imponer el secretismo para actuar con impunidad.

Si el Gobierno le cierra las puertas a los periodistas de los medios independientes, se las estará cerrando también a los ciudadanos.