El gobierno del presidente Daniel Ortega pretende cambiar la actual estructura política de nuestro país, pasar del actual sistema de supuesta democracia representativa a un sistema de democracia directa-participativa o del pueblo.

Daniel Ortega, como estrategia política de Gobierno propone la transformación estructural de nuestro modelo político de representación de los intereses del pueblo, pretendiendo volver parte activa y directa a la ciudadanía de la toma de decisiones que orientarán el rumbo de nuestra nación.

El actual sistema de democracia ha sido el escenario idóneo para la manipulación conveniente de los diversos intereses partidarios. El pueblo ha creído en la representatividad partidaria, (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) que en teoría, debería velar por los intereses de la nación en subconjunto y funcionar en pro de dar respuestas a las problemáticas nacionales.

En la actualidad el pueblo ejerce participación directa en la toma de decisiones limitada únicamente a los procesos electorales cada cinco o cuatro años para la elección de autoridades nacionales o municipales, las que inmediatamente se convierten en los representantes de la mayoría del electorado, estructurando así, la forma de democracia representativa de nuestro sistema de sociedad.

Una vez nombradas las autoridades electas e instauradas dentro del modelo de democracia actual como representantes del pueblo, la ciudadanía pasa a un plano de olvido, asumiendo nuevamente el protagonismo de nuestra política nacional los intereses y diferencias de los partidos que conforman las estructuras de los poderes del Estado.

En un sistema de democracia representativa, el pueblo asume el papel de protagonista principal en la conducción del país a través de la toma de decisiones, se le faculta a asociaciones o agrupaciones la influencia directa para proponer una iniciativa de ley y el marco contextual legal para rechazar un decreto o disposición estatal específica que vaya en detrimento de los intereses generales o determinados de la nación.

El gobierno del comandante Daniel Ortega deber estar totalmente claro que una vez alcanzada la reforma constitucional que permita la instauración del sistema de democracia participativa-directa, sus políticas de Estado-Gobierno deberán ser transparentes, de conocimiento y dominio popular, para la correspondencia y consecuencia de la puesta en marcha del nuevo modelo de democracia.

El Gobierno deberá crear las condiciones estructurales para la participación ciudadana, dejar al libre albedrío la voluntad de las mayorías, permitir la libertad y el derecho a los pobladores a la defensa de intereses específicos para cada sector social. El modelo de participación directa para ser legítimo del pueblo, deberá ser separado radicalmente de intereses, manipulación e influencias del partido de Gobierno.

Las políticas de Estado que promueven la transformación del modelo democrático insisten en que sea el Gobierno mismo el creador de los comités de participación, (estructura popular organizada en función de algo ) corriendo con el claro riesgo de la injerencia partidaria en su funcionamiento y la desconfianza y rechazo de la población en general a formar parte activa de esta transformación para nuestro sistema social.

El gobierno del comandante Daniel Ortega se encuentra frente al reto de devolver al pueblo el verdadero “poder popular” sin influencias partidarias y manipulación política en el contexto de hacer al pueblo partícipe directo de las decisiones públicas de nuestro país, reconocer y respetar el derecho del pueblo a ser protagonista de su destino.

Si el comandante Ortega enfoca con objetividad y transparencia la transformación socio-política de nuestra democracia, estará siendo consecuente con su lema de gobierno, “el pueblo Presidente”, de lo contrario la historia no lo absolverá.