La falta de reconocimiento de que existe legislación desde hace más de un siglo sobre el dominio y posesión de las costas en los balnearios de Nicaragua, los deseos de confrontar a quienes poseen propiedades veraniegas, industria hotelera y casas particulares, y desalentar la inversión privada, parece ser otra de las políticas del Gobierno actual, según se desprende de las últimas acciones de militantes y seguidores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ocurridas en San Juan del Sur.
Pero los derechos de quienes poseen bienes que colindan con el mar, lagos o ríos, se amparan en la Ley Agraria de 1917, la cual tiene vigencia, según una circular emitida el 28 de mayo de 1998 y publicada en el Boletín Judicial número 1969, página 381.
Desde la semana pasada, el ex alcalde y ex diputado Gerardo Miranda Obregón y un grupo de comunitarios de la zona de San Juan del Sur, acechan propiedades colindantes al mar.
Se han dado a la tarea de abrir los accesos que comunican hacia el mar, aunque éstos se encuentren en propiedad privada, bajo el argumento de que las costas no le pertenecen a nadie.
EL ANUNCIO DEL PROCURADOR
Sus acciones se dieron días antes de que el Procurador General de la República, Hernán Estrada, manifestara que todas las costas son públicas y que nadie puede impedir el acceso a ellas.
El Refugio de Vida Silvestre la Flor recibió la visita de los llamados “hijos del mar”, apoyados por Miranda Obregón. Su principal argumento al llegar a esta zona protegida, donde anidan miles de tortugas marinas, fue precisamente que ese lugar debe estar en manos de los comunitarios y no bajo la responsabilidad de la Fundación Cocibolca.
JURISTA ADVIERTE
De acuerdo con un jurista experto en Derecho Civil consultado por LA PRENSA, “si el Gobierno de Daniel Ortega con sus diputados en la Asamblea Nacional, impulsa la aprobación de una ley que afecte los derechos de los poseedores de propiedades en el mar, este cuerpo normativo, en todo caso, no podría aplicarse retroactivamente, de lo contrario se estaría generando otra vez un gigantesco conflicto de propiedad en Nicaragua. Sería lamentable y dañaría la imagen del país ante la comunidad internacional y la inversión extranjera”.
El reclamo que los comunitarios y el ex diputado sandinista hicieron en el Refugio de Vida Silvestre la Flor, según el responsable de ese centro, Ronald Vega Carballo, fue que no se les estaba permitiendo el aprovechamiento de los huevos de tortugas y debido a las anidadas masivas, éstos muchas veces se pudren.
EX DIPUTADO Y SEGUIDORES
Vega dijo que los comunitarios y Miranda dejaron entrever que ese refugio debía estar en manos de ellos y no bajo la tutela de la Fundación Cocibolca, que mantiene un comanejo con el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena).
Según Vega, en principio estas personas ingresaron “amenazantes, queriendo quitar las posterías que impiden el acceso de vehículos a la playa (que es el lugar donde las tortugas llegan a poner sus huevos), incursionaron a la playa, se regresaron y luego subieron a la oficina; al abordarme me reclamaron que por qué les había tomado una foto, les dije que era el responsable y debía responder, sólo hubo algunas agresiones verbales”.
“El ex diputado deja entrever que él no anda dirigiendo a esa gente sino asesorándoles, llegaron a reclamarme el aspecto del manejo de los huevos, pero les aclaré que no era yo el que resolvería ese problema, le dije (a Miranda) no veo la idea de que vengás con esta gente a reclamarme, si nosotros sólo acatamos lo que nos dice el Marena”, dijo Vega.
DENUNCIA ANTE POLICÍA
Vega comunicó lo sucedido a instancias superiores, incluso acudió a la Policía Nacional (a poner en conocimiento de lo ocurrido) y comunicó al nuevo delegado del Marena en Rivas, Mario Rodríguez, sobre la situación acontecida. Se acordó que a diario se harían patrullajes tanto del Ejército de Nicaragua como de la institución encargada de resguardar el orden público.
“El ex diputado, cuando comenzó a liderar a esta gente, formó una asociación con personería (“hijos del mar”) y lo que pretenden realizar es un comanejo del área (del refugio), pero el Marena tiene un convenio de 10 años con la Fundación Cocibolca, yo lo que veo es que pretenden extraer todo el recurso, no veo viable esto, no es aconsejable, vienen pensando en aprovechar y no en proteger… Sería como poner a cuidar al zorro en el gallinero”, dijo Vega.
