El expediente judicial de Arnoldo Alemán ha sido para el Frente Sandinista “la tarjeta”, la oportunidad, para sacar provecho del interés ciego del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) por recuperar la total libertad de su líder.
Un recuento de los hechos registrados desde que en el 2002 iniciaron los juicios contra Alemán, indica que el aparato judicial (tribunales de primera instancia, Apelaciones, Medicina Legal y Sistema Penitenciario) ha manejado diligentemente el caso, en una obediencia manifiesta al presidente Daniel Ortega.
Los liberales, conscientes o no, han cedido a las imposiciones sandinistas, obligados a pactar y en los últimos años han formado parte de un juego político-judicial cuyos resultados han ido en su propio detrimento.
Aflojar o tensar la cuerda a Alemán le ha permitido al sandinismo pactar con el PLC la ubicación de sus “fichas” en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De estas negociaciones surgió, por ejemplo, el nombramiento del ahora ex magistrado Rogers Camilo Argüello, que a su paso por el Poder Judicial participó en escándalos de corrupción de magnitudes devastadoras para su imagen.
País víctima
Las reformas a la Constitución Política iniciadas en el 2004, son parte de los resultados de las negociaciones libero-sandinistas que desembocaron en la creación de la desastrosa Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) que, con su efímera existencia dejó pérdidas al erario por 18 millones de córdobas y ganancias repartidas entre cinco funcionarios en concepto del pago de liquidaciones, costos de operación, salarios e indemnizaciones.
Los beneficiados fueron Sandra Moreno, en la Intendencia del Agua; Juan José Úbeda, como intendente de Defensa de los Consumidores; Freddy Carrión, intendente de Telecomunicaciones; Leonel Aguirre, intendente de Energía, y Víctor Guerrero, Superintendente de Servicios Públicos.
Ahora todos están expuestos a una sanción de la Contraloría General de la República (CGR) que decidió ahondar en la repartición del dinero y desde ya han advertido que el dinero debe ser devuelto.
En el ambiente se oye decir que el objetivo de Alemán es conseguir un indulto o la amnistía, y la culminación de la “carrera” sería los votos del PLC a favor de instaurar la reelección presidencial.
El 16 de marzo pasado, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) entregó una misiva al PLC en la que proponían, entre otras cosas, no elegir a los magistrados judiciales hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictara una sentencia definitiva del caso de Alemán, y evitar la retardación de justicia.
Eduardo Montealegre declaró en aquel momento que esta manipulación de la justicia tiene un marcado interés político y llamó a los diputados a no elegir a los magistrados mientras el caso de Alemán no esté concluido.
La petición no valió de nada. Nuevamente el FSLN y el PLC se repartieron las cuatro vacantes que había en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y eligieron en los cargos a Juana Méndez, Iván Escobar Fornos, Sergio Cuarezma y Alba Luz Ramos. También fueron electos Julio Centeno Gómez y la comisionada general en retiro de la Policía Nacional, Ana Julia Guido, como Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, respectivamente.
Ni señales de sentencia
El expediente de “la huaca”, donde rola una sentencia con condena de 20 años de prisión para el ex mandatario, se encuentra en manos de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), dominada por magistrados sandinistas.
Desde el 16 de junio de 2004 Alemán y las partes que intervienen en el juicio, fueron notificados de una resolución en la que los jueces decían estar listos para pronunciarse, pero han pasado tres años y la sentencia no llega. A pesar de tener tres años para leer el voluminoso expediente que consta de 30 tomos, los magistrados han expresado que siguen analizando el caso.
Es precisamente esta retardación de justicia la que ha beneficiado al sandinismo, aunque el abogado defensor de Alemán, Mauricio Martínez, hace una lectura distinta y considera que esto más bien le ha ayudado a ganar tiempo y aportar más pruebas en su favor, como resoluciones de la CGR y la Fiscalía que eximen de responsabilidades a su defendido.
La retardación de justicia en el caso Alemán es una señal clara de que la condena de 20 años de “la huaca” seguirá activa y oportunamente administrada por el Frente Sandinista en previsión de futuras negociaciones.
La magistrada Martha Quezada dijo, a principios de marzo, que antes de este caso hay hasta mil expedientes esperando una sentencia.
Alemán fue despojado de su inmunidad parlamentaria el 12 de diciembre del año 2002 y el mismo día la entonces juez Segundo de Distrito del Crimen de Managua, Ileana Pérez, ordenó su arresto provisional por delitos en contra del Estado de Nicaragua. Días después, en la sentencia interlocutoria se decretó el “auto de prisión” en su contra.
El 7 de diciembre de 2003 la entonces juez Juana Méndez, quien tramitó el juicio de “la huaca” declaró la culpabilidad de Alemán por lavado de dinero y otros delitos, imponiendo una condena de 20 años de cárcel. En ese momento las relaciones entre Ortega y el ex presidente Enrique Bolaños Geyer estaban en su mejor momento, hasta que intervino el Gobierno de Estados Unidos para buscar la unidad de los liberales y el alejamiento con el sandinismo.
