Previo al anuncio del Procurador General de la República, Hernán Estrada, quien afirmó este viernes que todas las playas de Nicaragua son públicas y que nadie puede impedir a la población hacer uso de las mismas, el ex alcalde y ex diputado del Frente Sandinista, Gerardo Miranda Obregón, ha liderado junto con algunos pobladores la invasión de propiedades privadas cuyos accesos comunican al mar, en San Juan del Sur, departamento de Rivas.
A mediados de la semana que recién finaliza, Miranda, quien ahora fue nombrado cónsul de Nicaragua en Liberia, Costa Rica, inició una serie de actividades junto a algunos pobladores de comunidades de San Juan del Sur, con el propósito de tumbar las cercas de las propiedades privadas.
Sin embargo, sus acciones han ido más allá de los lugares públicos y se ha extendido a propiedades privadas. Además, ha llegado a tratar de romper los linderos del refugio de vida silvestre La Flor, que es una Reserva Natural.
En la entrada a la playa Escameca Grande, ubicada en una zona rural de San Juan del Sur, Miranda y los comunitarios quitaron el miércoles pasado el candado y la cadena que estaban en la puerta principal del lugar de la propiedad que colinda con las costas del mar.
“El acceso hacia la playa se encuentra dentro de una propiedad privada, no se discute que la costa sea pública, pero deben respetar la propiedad privada, se llevaron hasta el rótulo de reserva privada y nos dijeron que si poníamos de nuevo el candado, regresarían a quitarlo, pues estaban cumpliendo con un decreto que el presidente Daniel Ortega había firmado”, dijo Héctor Luis Gutiérrez, mandador de esa finca.
Lo que Miranda comentó, según Gutiérrez, fue “que andaban abriendo costas, porque eran libres; me pidieron las llaves pero como no las entregué, procedieron a arrancar lo que ya dije”.
“Esto puede generar un problema, el camino hacia la playa queda en una propiedad privada y eso debe respetarse, ahora en los lugares donde abrieron hay vigilancia y la gente no está dispuesta a ceder”, advirtió Gutiérrez.
LA PRENSA intentó comunicarse con Miranda, pero no respondió a la llamada. Dejamos un mensaje de voz en su teléfono móvil, pero al cierre de la edición tampoco había respondido.
LES LLAMARON COBARDES POR NO APOYAR
A Federico Monastel y otros pobladores de la comunidad El Carrizal, los llamaron “cobardes” por no participar de la acción emprendida por Miranda y los comunitarios. El argumento de Monastel es sencillo: “¿Por qué voy a apoyar algo que no es real?, en el caso de playa Hermosa, sí nos dan el pase cada vez que lo solicitamos”.
Playa Hermosa, que se encuentra en El Carrizal es, según Carlos Luis Pérez, una propiedad de la familia Holmann Chamorro. Pérez, quien dijo trabajar desde hace 18 años para esa familia, comentó que el miércoles pasado también recibieron la visita de Miranda y sus seguidores, que arrancaron las cadenas y el candado del portón principal.
Pérez dijo que el acceso hacia la playa está ubicado en una propiedad privada y que en todo caso no hay problema porque se permite el acceso de los pobladores hacia la costa.
EL PAPEL DE LA PGR
El ex procurador general de la República, Alberto Novoa, explicó que basados en el precepto constitucional de que las costas y playas son propiedad del Estado, es solamente cuestión de operativizar las acciones legales necesarias para recuperar aquellas costas que han sido cerradas al público en general por ser supuestos terrenos privados.
El tema del libre acceso a las playas tomó fuerza este viernes luego que el actual Procurador General de la República, Hernán Estrada, advirtió que dado que playas y costas son propiedad del Estado, ni los empresarios privados ni las alcaldías pueden impedir a la población disfrutar de éstas, ni a los comunitarios de la zona adentrarse en las mismas para pescar.
REVISIÓN DE TÍTULOS
Estrada agregó que la PGR revisará los títulos supletorios emitidos durante los últimos 17 años de aquellos terrenos colindantes a mares, ríos o lagos, en los cuales se le ha impedido el libre acceso a la población.
LA PRENSA buscó contactar nuevamente a Estrada para que explicara con qué acciones concretas pretende hacer cumplir su promesa de reivindicar el libre acceso a las playas y costas, pero no contestó nuestras llamadas a su teléfono móvil ni tampoco fue posible localizarlo por medio de la vocería de la PGR.
Novoa coincidió con Estrada en que las playas y costas son propiedad del Estado, y por ende explicó que como bienes de la nación, son inembargables, inajenables e imprescriptibles.
“Estamos hablando desde el punto que alcanza la marea alta, hasta 200 metros hacia adentro. Esto también se aplica a los ríos, lagos y lagunas”, señaló Novoa vía telefónica.
ARRENDAMIENTOS
Relató que muchas de las denominadas playas privadas son terrenos que han sido arrendados a particulares o dueños de negocios turísticos, por las mismas municipalidades.
Otro mecanismo para entregar el dominio de terrenos colindantes a las costas y playas, ha sido la emisión de títulos de reforma agraria y títulos supletorios entregados por las mismas alcaldías, con extensiones perimetrales que abarcan hasta las playas.
“Tomando en cuenta que los bienes del Estado son inembargables, inajenables e imprescriptibles, entonces el mecanismo legal es que la Procuraduría (General de la República), como abogado del Estado, concurra ante el Juez Civil de la localidad e interponga una solicitud de cancelación de los asientos registrales (de los terrenos arrendados o títulos supletorios emitidos). En la práctica estamos hablando de una tarea titánica, porque son kilómetros de costas, sin mencionar el problema de intereses de empresas turísticas que se pudieran estar afectando”, comentó el ex procurador.
Novoa reconoció que en algunos casos se han logrado estos arriendos utilizando prácticas ilegales. “Estamos hablando de casos en los que ha habido verdaderos atropellos a la ley, donde se han coludido funcionarios de las alcaldías, jueces. El caso más emblemático es el de Pie de Gigante, donde por medio de un título de reforma agraria lo extendieron hasta la costa. Pero también están los casos de Iguana y Amarillo, en Tola”, dijo el ex funcionario.
