La Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dejó abiertas las investigaciones sobre el caso del metanol, causante de la muerte de más de 40 personas en el occidente del país, que ingirieron esta letal sustancia combinada con agua, como si era guarón.
Según el Procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, el caso no se declara cerrado hasta que las autoridades requeridas por esa instancia informen satisfactoriamente sobre los resultados de las investigaciones, para lo cual ordenó la creación de una comisión especial.
Al presentar un informe sobre el caso que provocó la muerte de 45 personas, la PDDH señala que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) no tiene competencia y control para las empresas que importan y distribuyen metanol. No obstante, esa institución adjuntó una lista de empresas que en los últimos tres meses han importado metanol a Nicaragua, en base a información de la Dirección General de Aduanas, la que informó que la empresa Quibor S.A. no aparece en la lista de las que importó ese producto en este período.
Al momento de concluir el caso, la Policía indicó que la empresa ahora aparece registrada como Química Centroamérica S.A.
En su informe, la PDDH reconoce la labor desarrollada por el Ministerio de Salud, pero critica supuestas negligencias en un caso ocurrido en Poneloya donde, según denuncia de Benita Mercedes Álvarez, en el hospital de León los casos de Cecilia Álvarez Martínez y y su hijo José Antonio Alvarado Álvarez no fueron abordados adecuadamente.
El informe señala que la muerte de Álvarez aparece como causada por crisis de hipertensión y la del hijo como suicidio. Pero ambos consumieron metanol como si fuese licor, en el bar Costa Azul, señala la PDDH.
En cuanto a la Policía, considera que “existen importantes lagunas en los resultados de las investigaciones, que ameritan el seguimiento y profundización para determinar con más claridad todas las causas que pudiesen haber motivado o facilitado la comisión de tan graves delitos, así como a sus responsables”, señala el informe.
La jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, dejó claro que pusieron a la orden de la Fiscalía las evidencias de dónde procedía el metanol causante de la tragedia, así como a quién le pertenecía, quién era el conductor y en qué finca fue que los acusados sustrajeron el químico mortal.
