Trabajadores y sindicalistas del complejo judicial Nejapa se reunieron ayer con el magistrado Rafael Solís, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para plantearle sus preocupaciones alrededor de algunos aspectos del convenio colectivo que no han sido cumplidos.

Dirigentes sindicales expresaron ayer que la CSJ no ha cumplido con algunos puntos contemplados en el convenio colectivo como la nivelación de salarios, el pago de viáticos por transporte para los trabajadores que residen fuera de la ciudad, entre otros.

Expresaron que esa situación les ha generado preocupación porque pareciera que los magistrados no quieren reconocer lo que firmaron en los acuerdos.

POCOS RECURSOS

El magistrado Solís manifestó ayer que la CSJ reconoce la validez de ese convenio colectivo, pero señaló que no han podido cumplir en su totalidad por falta de recursos económicos.

Sin embargo, explicó que este acuerdo se empezó a aplicar desde el primero de septiembre de este año en todo el país y que eso significó para la CSJ un gasto adicional de tres millones de córdobas mensuales que no tienen a disposición y que estaban viendo de dónde los sacaban.

Agregó que en la reforma presupuestaria de septiembre pidieron diez millones más para destinarlos a esa inversión, pero que los diputados sólo le aprobaron fondos para la creación de nuevos juzgados y la ampliación de la defensorías públicas.

En los aspectos que se refieren a la estabilidad laboral, nivelaciones de salarios, dijo que eso podría ser implementado sin ningún problema en un corto plazo, pero en lo que se refiere al tratamiento odontológico, lentes y aumento de la canasta navideña para los trabajadores de las diferentes circunscripciones, lo podrán cumplir hasta en el 2007.

CASO TELCOR

Antes de la reunión, Solís le informó a los periodistas que los magistrados de la CSJ se reunirán mañana para decidir de manera definitiva el caso de Telcor y Martha Julia Lugo.

Señaló no conocer en qué dirección se definirá el caso, pero que buscarán un consenso para poner fin al problema, ya que no puede ser que Telcor tenga dos administraciones.

“Una cosa es ver que la institución esté funcionado hasta el 20 de enero de 2007, independientemente de quien gane y tenga posibilidad de derogar las reformas constitucionales o pedir otra prórroga si acaso no hay condiciones para crear la Superintendencia de Servicios... y otra cosa es ver si en la Ley Marco se haya acordado que los presidentes de esas instituciones no pueden ser removidos. En eso tengo mis reservas”, dijo.

PRIVATIZACIÓN DE ENERGÍA

Referente a los recursos interpuestos en la Corte Suprema de Justicia para derogar la privatización de la energía eléctrica, indicó que en ese caso los magistrados no harán ningún trámite, porque no es correcto desconocer ahora la validez de esa operación, ya que eso sería terminar con la inversión extranjera en el país.

Un resolución de la CSJ en ese caso no sólo tocaría el problema de Unión Fenosa, sino que también afectaría la inversión de muchos millones de dólares que se han hecho por parte de algunas generadoras que en cierta manera estarían evitando que el problema de la energía se complique aún más.