El Ministerio Público de León solicitó por segunda vez la reprogramación de la Audiencia Inicial de las once personas acusadas de participar en la distribución del metanol vendido como guarón en ese departamento, que ha causado la muerte de más de 45 personas.
La audiencia se desarrollaría a las 9:00 a.m. de ayer, en el Juzgado Segundo de Distrito Penal, pero el juez suplente Adrián Chavarría aceptó la solicitud y la pospuso para el miércoles 27 de septiembre.
La Policía de León pidió trasladar a los reos al Sistema Penitenciario de Chinandega, porque este fin de semana es la celebración de las fiestas patronales de León, actividad que también requiere de una fuerte seguridad policial. El traslado se efectuó en horas del medio día.
El fiscal departamental, Freddy Arana, manifestó que la solicitud de reprogramación se realizó porque el Ministerio Público aún trabaja en la recolección de datos que certifiquen la responsabilidad de los acusados.
“Este caso amerita un cuidado muy especial, la información que nos ha pasado la Policía es abundante y aún sigue fluyendo más. El Ministerio de Salud nos facilitó algunos datos”, comentó Arana e indicó que todavía cuentan con tiempo para seguir recepcionando elementos que sustenten la acusación y realizar la audiencia inicial la próxima semana.
Durante los cuatro días que faltan para la comparecencia de los acusados ante el juzgado, la Fiscalía consolidará las pruebas.
El aumento de personas fallecidas, así como las secuelas que los afectados reportan, formarán parte del expediente de esa entidad.
“El Ministerio Público aportará todos los elementos que tenemos para demostrar quiénes son los verdaderos responsables de la muerte de más de 45 personas, de la pérdida de la visón de más de ocho personas, vamos a actuar con todo el peso y rigor de la ley”, aseguró el fiscal departamental.
Ante los juzgados se ha acusado a 17 personas de participar en el robo y distribución del metanol, de éstas 11 han sido capturadas por la Policía. Los detenidos son señalados de atentar contra la salud pública, robo con fuerza y asociación e instigación para delinquir .
Vicente Mendiola, defensor de Lucio Manuel Caballero, propietario de la finca donde supuestamente sustrajeron los nueve barriles de metanol, en el municipio de Chichigalpa, introdujo un recurso de apelación en el que solicita el sobreseimiento de su defendido.
“Lo acusan (el Ministerio Público) por tres delitos y en ninguno sale involucrado; en el robo con fuerza él no participó, él no envenenó ni adulteró, ni se ha demostrado que ha cometido delito”, justificó el abogado.
Al juzgado de León se hicieron presentes transportistas de acarreo para respaldar a su compañero Denis Justino Salgado, acusado de trasladar los barriles con metanol de la finca en Chichigalpa hacia León.