La Asamblea Legislativa aprobó el viernes una ley especial que contempla penas de hasta 86 años de cárcel para quienes cometan actos de terrorismo. La oposición de la izquierda opina que lo que se busca es “ reprimir toda oposición”.
La polémica ley se aprobó después de un acalorado debate que concluyó en las primeras horas del viernes, con una fuerte oposición de partido de los ex guerrilleros el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Para el Frente, con esa normativa el Gobierno del presidente Elías Antonio Saca busca regresar al autoritarismo y reprimir de nuevo a la población cuando salga a las calles a protestar.
“No le vemos un elemento internacional, más allá de la justificación que se suele enarbolar por ciertos gobiernos en estos días de la llamada lucha global contra el terrorismo decretada por el señor (presidente de Estados Unidos George) Bush”, dijo el viernes a la AP el diputado del Frente Sigifredo Reyes.
“Es un enfoque represivo hacia adentro, el gobierno de derecha lo que está previendo es un escenario de creciente conflicto social dado que su estrategia de generación de empleos y de atracción de inversiones ha fracasado”, expresó.
Se introducen los testigos sin rostro, los jueces sin rostro, los agentes encubiertos y prácticamente se deja al arbitrio del Estrado la conducción de un juicio, agregó.
La ley define 27 actos de terrorismo, en seis de ellos hay penas de 65 años de prisión, la cual podría llegar a 86 años y medio si hay agravantes, como utilizar armas de destrucción masiva, atentar contra bienes de uso público, cuando las víctimas son menores de edad, con capacidades especiales, embarazadas o adultos mayores, entre otros.
Entre los tipificados como actos de terrorismo se encuentran apología e incitación a actos de terror, ocupación armada de edificios y poblados, pertenecer a organizaciones terroristas y espionaje en actos de terrorismo.
“Esta ley es violatoria a los derechos humanos, no lo digo yo, sino los (abogados) constitucionalistas que nos advirtieron en la comisión (que estudió el proyecto de ley)”, dijo el diputado del Frente, Walter Durán.
Pero el diputado dirigente de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista, Guillermo Avila Quehl, sostuvo que no “se trata de castigar las conductas de los que demuestren inconformidad con el gobierno, es para castigar a los delincuentes, es contra actos que causen temor y atenten contra la población”.
El diputado de Arena, Guillermo Gallegos, dijo que “no nos extraña la posición del FMLN, pues estuvieron en la lista de los grupos terroristas”.
