En la cercanía de las próximas elecciones presidenciales la nación entera padece de una injusta, constante, perjudicial e incipiente estabilidad e inseguridad en el fluido eléctrico, produciéndose angustiosos, prolongados e inesperados “apagones” en todo el país.
Simultáneamente, por la falta de energía eléctrica, las pocas viejas bombas de abastecimiento de agua potable se paralizan y el vital líquido no llega con oportunidad y volumen a la población, principalmente a quienes habitan en las zonas urbanas económicamente marginadas. Pero los recibos de la tenebrosa e inauditoriable Unión “Feroza” sí son rigurosamente puntuales así como injustos y excesivos en sus cobros. Lo mismo sucede con Enacal.
Como resultado de este burdo y vulgar tinglado, los consumidores finales de estos vitales servicios (entiéndase las víctimas o en su defecto los “chanchos”) somos simples testigos mudos del tremendo “boleo” entre el Ejecutivo, las poderosas generadoras de energía, las ladinas distribuidoras, los inoperantes entes reguladores del Gobierno y la permanentemente pasividad de la Asamblea Nacional. Y, como sucede con nuestros políticos… en este boleo todos son “inocentes”. Pero los problemas permanecen allí, supurando, latente y los responsables no les proporcionan soluciones aceptables, consistentes a corto, mediano, ni a largo plazo.
Yo, como consumidor de agua y luz que estoy pagando (y pagando precios excesivos) por el abastecimiento regular de estos servicios básicos, espero una atención satisfactoria, segura y confiable. A mí, como consumidor final no me importan los problemas internos que “dicen que tienen” esas empresas para proporcionarme adecuadamente el servicio contratado.
Mi problema consiste en obtener el dinero suficiente para pagarles mis recibos, lo que evidentemente poco le importa a Unión Feroza y/o a Enacal, ya que ese es mi problema particular. Pero yo también tengo todo el derecho de reclamar con firmeza a estas empresas por proporcionarme un pésimo servicio a un precio criminal. En el agudo caso del comerciante, o un industrial, o cualquier prestador de servicios como en el defectuoso abastecimiento a los hospitales donde pueden morir personas. ¿Quiénes son los culpables? ¿Dónde quedó la bolita? ¡Alguien tiene que pagar también por estas “facturas incuantificables” a la ciudadanía!
En los medios de información he seguido con cuidadoso cariño las valientes, directas, documentadas y agresivas declaraciones de la doctora Ruth Selma Herrera, de la Red de Defensa del Consumidor (a quien lamento no conocer personalmente) sobre esta gran problemática. Y pensando en voz alta, me imaginé un hipotético escenario en donde el Gobierno le ofrece hacerse cargo de la situación y le confiere a la doctora Herrera discreción y autoridad necesaria para manejar recursos humanos y financieros suficiente y tomar las acciones necesarias a fin de solucionar este problema.
¿Qué sucedería entones? Pero ese es un imposible “sueño guajiro”. Hay desafortunadamente demasiados intereses económicos en juego para que los tahúres de cuello blanco involucrados permitan que un tercero intervenga, conozca y denuncie las interioridades que hay en sus turbios negocios de millones de dólares, ya amarrados a espaldas y sacrificio de la ciudadanía.
Pobre de este paisito. ¡En manos de quiénes estamos!
