La Fiscalía de Rivas introdujo un recurso de apelación ayer en contra de la resolución del juez de Audiencia Edward Peter Palma, luego de que éste repartiera más de dos millones de dólares entre cuatro instituciones y no entre tres, como la ley lo contempla.
El martes de la semana que finaliza, el juez Palma condenó por el delito de contrabando aduanero al nicaragüense Julio César González Peña, quien fue detectado en la frontera de Peñas Blancas en el momento en que transportaba ocultos en un furgón más de dos millones de dólares.
A González le impusieron la pena mínima de prisión, pero fue beneficiado con la libertad condicional, entre otras cosas por no tener antecedentes penales, y en sentencia el juez Palma dispuso que los dos millones 219 mil 400 dólares ocupados al acusado y el producto de la subasta del vehículo, deberían distribuirse entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección General de Servicios Aduaneros y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Ministerio Público, según la apelación, “no comparte los criterios que tuvo a bien el judicial para motivar su decisión y ordenar la distribución del dinero total líquido…, considera que su decisión parte de una errónea interpretación de la ley constitucional y ordinaria”.
ENTRE TRES INSTANCIAS
La ley establece que un tercio del dinero incautado debió haberse repartido entre el denunciante, otro tercio para los captores y el resto para la DGA; sin embargo en su sentencia, además de estas tres instancias, el judicial agregó a la CSJ por considerar, entre otras cosas, que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.
LEY NO ESTIPULA A LA CSJ
“No existe ante las disposiciones de la ley penal especial una categoría que permita justificar la asignación al Poder Judicial”, dice la apelación de la Fiscalía dirigida al Tribunal de Apelaciones.
La Fiscalía solicitó al Tribunal de Apelaciones que se admita el recurso de apelación, se revoque la sentencia judicial en cuanto a la distribución del dinero y se redistribuya entre tres instituciones y no entre cuatro, como lo hizo el juez Palma.
