La Directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, confirmó que la Policía Nacional realiza su propia investigación, referente al procedimiento utilizado por sus oficiales, tras la ocupación de 2.2 millones dólares en Peñas Blancas y que rompió con la cadena de custodia al trasladarlo hacia Managua, el pasado 25 de agosto.
Granera se limitó a confirmar que esa institución investiga lo sucedido en Peñas Blancas.
“Nosotros investigamos y estamos a la orden de la Fiscalía, si necesita cualquier información. Estamos anuentes a brindársela a cualquier institución que la reciba”, expresó Granera.
En una comparecencia televisiva el pasado miércoles, Granera reconoció que no se debió movilizar el vehículo retenido en Peñas Blancas hacia Managua, porque esto implicó la ruptura de la cadena de custodia.
Julio César González, conductor del furgón que trasegaba la carga millonaria, aseguró en audiencia especial en el Juzgado de Rivas, que después del conteo realizado en una oficina de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, escuchó concluir a una cajera del Banco de la Producción que la cantidad ocupada era de más de cuatro millones de dólares y no de dos millones 219 mil 400 dólares como informó la Policía.
EN DESACUERDO
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yadira Centeno, al referirse a la distribución de los 2.2 millones de dólares por parte del juez de Rivas, Edward Peter Palma, de Rivas, entre cuatro instituciones del Estado, entre las que incluye al Poder Judicial, dijo que esto no es contemplado por la ley.
“El artículo 14 es claro, no dice Corte Suprema, no dice Poder Judicial. Dice los capturadores, los denunciantes y habla de la Dirección General de Aduanas”, expresó la magistrada Centeno.
El juez Palma repartió en cuatro partes iguales el dinero incautado y fue así como la Policía, la Fiscalía, Aduanas y el Poder Judicial recibieron cada uno 555 mil 170 dólares.
