El proyecto de ley presentado por George W. Bush al Congreso estadounidense lo autoriza a establecer tribunales militares especiales para juzgar a los “combatientes enemigos” detenidos en Guantánamo, casi idénticos a los invalidados por la Corte Suprema en junio.
Cuando la instancia jurídica más alta de Estados Unidos dictó que Bush sobrepasó sus funciones al establecer tribunales de excepción, el gobierno se dirigió al Congreso para obtener ese derecho. Pero tras varios meses de discusión, las disposiciones controvertidas siguen estando en el orden del día.
El texto propuesto por la Casa Blanca dice que Khaled Sheikh Mohammed, supuesto cerebro de los atentados del 11 septiembre del 2001, y otros terroristas podrán ser condenados a muerte por estos tribunales en base a testimonios indirectos obtenidos bajo amenazas.
Además, si el tribunal examina información confidencial el acusado podrá ser temporalmente excluido de su propio proceso, aún si eso le impide responder a acusaciones en su contra.
Aún más, un “combatiente enemigo” podrá ser juzgado solamente por “complot”, siendo que desde el juicio de Nuremberg contra los criminales nazis, la jurisprudencia internacional considera que “complot” no constituye un crimen de guerra por sí solo.
Estados Unidos tiene a 450 personas prisioneras en Guantánamo, de las cuales sólo 10 fueron inculpadas, 7 de ellas únicamente por “complot”. La gran mayoría no tiene acusación formal ni acceso a abogados.
En caso de condena, los detenidos podrán apelar ante una corte militar y luego presentar un recurso ante una corte de apelación federal, y eventualmente ante la Corte Suprema.
Sin embargo, si la formulación de este circuito jurídico es mantenida por el Congreso, todos los procedimientos en curso ante tribunales civiles de Washington —en su mayoría iniciados hace años por prisioneros que rechazaban su detención— serán anulados.
El gobierno ha cedido un poco: a partir de ahora será necesaria la unanimidad de los 12 jueces militares para imponer la pena de muerte, y el texto ya no dice que un “combatiente enemigo” absuelto podrá ser mantenido detenido “durante la duración de las hostilidades”.
Tres senadores republicanos de peso, entre ellos John McCain, uno de los favoritos en la próxima elección presidencial, tratan de elaborar junto a los demócratas una propuesta de ley más moderada, que en particular no permita que el acusado sea excluido de su propio proceso. Es la disposición más criticada.
Varios abogados y fiscales militares de alto grado expusieron el jueves ante una comisión de la Cámara de Representantes reservas sobre que fuera legal.
La Corte Suprema estimó en su decisión de junio que los tribunales militares clásicos, o cortes marciales, deben permitir juzgar a terroristas.
“Nada en los elementos que nos fueron presentados muestra que las reglas de las cortes marciales sean inaplicables”, escribió el juez John Paul Stevens en la decisión.
El derecho a estar presente en su propio proceso es “una de las protecciones más fundamentales” del código de justicia militar, subrayó. “El nuevo proyecto de ley tiene casi todos los problemas” que los tribunales invalidados por la Corte Suprema “y a fin de cuentas será considerado ilegal”, aseguró la organización prolibertades individuales ACLU.
