Tal como se esperaba, el Presidente de Brasil Lula da Silva ganó la elección presidencial del domingo recién pasado, con amplia mayoría. Pero a pesar de que “Lula” es un connotado dirigente de izquierda, su victoria electoral del 29 de octubre —que le asegura un segundo período presidencial de cuatro años— no le mete miedo a nadie, sencillamente porque él no representa una amenaza contra las libertades personales y los derechos humanos de los brasileños, ni contra la propiedad privada y la libre empresa, ni contra las inversiones capitalistas y las remesas familiares, ni es un peligro para la estabilidad política regional.
En realidad, Lula es en Brasil todo lo contrario que Daniel Ortega en Nicaragua. Ambos son de izquierda, pero Lula es un demócrata consecuente como lo ha demostrado durante su primer período presidencial, mientras que Ortega de Nicaragua, a pesar de que su campaña electoral se basa en abundantes promesas de amor, paz y reconciliación, aparte de los sandinistas nadie le cree porque cuando gobernó Nicaragua (1979-1990) hizo todo lo contrario de lo que promete ahora.
Además, Lula no está luchando contra Estados Unidos ni le interesa exportar ninguna revolución o “socialismo del siglo XXI”. Ortega, en cambio, compareció públicamente en La Habana, Cuba, hace apenas siete meses —en abril de este año— junto a Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales, y se comprometió a convertir a Nicaragua —en el caso de que ganara las elecciones del domingo 5 de noviembre—, en parte del eje de la lucha antiyanqui.
Por otro lado, Lula ha demostrado que se puede gobernar desde la izquierda y ejecutar programas de cambio social, sin abolir ni restringir las libertades de las personas ni atentar contra la economía de mercado y más bien aprovechando su potencial en beneficio de las mayorías, porque es la única que produce riqueza, desarrollo y bienestar. Por ejemplo, con su programa Bolsa Familia, Lula ha beneficiado socialmente a casi un cuarto de la población del país; aumentó el empleo; reajustó los salarios por encima de la inflación; bajó a 300 puntos el riesgo país que era de 2,000; revirtió el déficit comercial y Brasil alcanzó un superávit de casi 120 mil millones de dólares. Y para lograr eso no fomentó el odio de clases ni echó turbas contra nadie; no mandó a la cárcel a ningún opositor; no censuró ni clausuró medios de prensa; no confiscó propiedades nacionales ni extranjeras ni impuso control estatal sobre las remesas familiares que en ese país ascienden a casi 20 mil millones de dólares.
La izquierda es una corriente política y una alternativa de gobierno legítima y respetable, siempre y cuando no atente ni pretenda atentar contra las libertades personales y los derechos humanos. Y lo mismo se debe decir de la derecha. Es más, la existencia de derecha e izquierda es inevitable y cuando se condicionan y limitan recíprocamente, pueden garantizar un balance democrático razonable fundado en el respeto y el fortalecimiento de los valores y principios de la libertad. Ciertamente, una democracia sólida es aquella en la que partidos políticos de izquierda, derecha y centro, se comprometen con la defensa y el desarrollo de la democracia, con el respeto a la libertad y los derechos individuales y sociales de las personas. De esa mannera los cambios de gobierno no causa sobresaltos ni le meten miedo a nadie.
Lamentablemente, en Nicaragua no ocurre lo mismo que en Brasil, Uruguay y Chile, que son países en los que gobiernan líderes y partidos de izquierda —pero democráticos—, los cuales lidian con sus respectivas oposiciones y con una vigorosa prensa libre e independiente, como sucede en cualquier país democrático, pero no atentan contra las instituciones de la democracia ni restringen ni suprimen los derechos de las personas.
Todo lo contrario es lo que pasa en Venezuela y Bolivia —ya no digamos Cuba— donde gobiernan caudillos izquierdistas hostiles a la libertad y la democracia, los cuales se reeligen o pretenden reelegirse indefinidamente para quedarse en el poder de manera vitalicia, y gobiernan o más bien desgobiernan mediante una “democracia” facistoide que denominan popular, directa, plebiscitaria, callejera, o de cualquiera otra manera.
Y eso es lo que Daniel Ortega y el FSLN harían en Nicaragua en el desgraciado caso de que ganaran las elecciones del próximo domingo 5 de noviembre.
