Mujeres que Protestaron ayer por la penalización del aborto terapéutico fueron sacadas por antimotines del edificio de la Asamblea Nacional. /LA PRENSA/ T. Stargardter
Penalizan el aborto terapéutico
Anne Pérez Rivera
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Temen aumento de muertes maternas

De acuerdo a los registros del Ministerio de Salud (Minsa), cada año en Nicaragua ocurren unos seiscientos embarazos ectópicos, en que el huevo del feto se implanta fuera del útero; y unos 400 casos de embarazo molar, cuando la placenta inicial se convierte en una masa de quistes.
En ambos casos, la realización de un aborto terapéutico es necesario para salvar la vida de las mujeres, dijo Matilde Jirón, médico especialista en salud reproductiva. “L a asamblea mandó a la guillotina a todas las mujeres, y debemos revertir su decisión”, afirmó la especialista. Socorro Gross, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que los diputados deben “analizar” esos casos de embarazos no viables. De acuerdo a las estadísticas de la OPS y OMS, entre 10 y 15 por ciento de los embarazos concluyen en abortos naturales, sin embargo en estos casos las mujeres también requieren una atención especializada en salud, advirtió Gross. Una veintena de sociedades médicas del país aseguran que la eliminación del aborto terapéutico aumentaría en más del sesenta por ciento las cifras de muerte materna, que en Nicaragua andan por los 83.4 fallecimientos por cada 100 mil niños nacidos vivos.

A pesar de las demandas de los donantes y organismos que trabajan por la defensa de los derechos de la niñez y la mujer, la Asamblea Nacional eliminó ayer el aborto terapéutico en Nicaragua, cumpliendo con un compromiso adquirido por diputados con iglesias del país.

Los diputados derogaron el artículo 165 del Código Penal que cita: “El aborto terapéutico será determinado científicamente con la intervención de tres facultativos, por lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente de la mujer para los fines legales”.

Al eliminar ese artículo queda eliminada la posibilidad del aborto terapéutico en Nicaragua, y éste sería clasificado como cualquier otro tipo de aborto, penalizándolo con uno y hasta diez años de prisión, de acuerdo al código vigente en sus artículos 162, 163 y 164.

La medida desató la ira de cientos de mujeres que ayer protestaron frente al edificio de la Asamblea Nacional.

Ellas rompieron el cordón de seguridad del Legislativo y entraron a las instalaciones del parlamento, pero minutos después fueron expulsadas.

Según los datos del Ministerio de Salud (Minsa), el aborto terapéutico se define como “la interrupción del embarazo antes de las veinte semanas de gestación, por indicación médica, debida a patologías maternas que son agravadas por el embarazo, por patologías maternas que repercuten negativamente sobre el crecimiento y desarrollo fetal y comprometen la vida del binomio madre-niño”.

La decisión de los 52 diputados que votaron por la penalización del aborto terapéutico se realizó sin consultar a los sectores de la población, medida que fue criticada por el Movimiento Autónomo de Mujeres, que desarrolló plantones y movilizaciones para que se les escuchara en su demanda de no penalización del aborto terapéutico.

EL TEMA FUEPOLITIZADO

El diputado liberal Noel Pereira Majano, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, descalificó la decisión del resto de los diputados porque “se debe evitar el delito (aborto), pero no se fusila a la mujer, se le reeduca”.

Sin embargo, él fue uno de los 52 diputados que votó a favor de la penalización del aborto terapéutico.

Majano sugirió desde el inicio que el tema del aborto terapéutico fuera debatido en un período posterior a las elecciones. Sin embargo, no fue escuchado y los diputados cumplieron con la “vía rápida” de eliminación del aborto terapéutico, tal como prometieron a las iglesias.

En Nicaragua, cuatro de los cinco partidos políticos participantes en la contienda electoral se pronunciaron a favor de la eliminación del aborto terapéutico. Sólo el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y su candidato presidencial, Edmundo Jarquín, se pronunciaron en contra de la penalización.

Jarquín afirmó ayer en un comunicado: “Yo estoy en contra del aborto, pero esta decisión de la Asamblea pone en peligro las vidas de miles de mujeres pobres y por eso la rechazo. Deploro que los diputados no hayan escuchado la petición de la Ministra de Salud, ni las advertencias de las Sociedades Médicas para que esta irresponsable decisión no se tomara”.

“Una vez más se han impuesto los intereses politiqueros por encima de las necesidades de las mujeres y del pueblo en general. Ésta es una razón más para votar por el cambio en estas próximas elecciones. Ésta es una razón más para votar por la Alianza MRS”, dice otra parte del comunicado emitido por la oficina de prensa de ese partido.

COOPERANTES PREOCUPADOS

Eva Zetterberg, embajadora de Suecia, explicó que la comunidad donante había solicitado que el tema se discutiera después de las elecciones para evitar la politización del mismo. Sin embargo, “nuestra propuesta fue denegada”, dijo.

La carta enviada por los representantes de países donantes fue catalogada como una “ingerencia de los diplomáticos de países libertinos”, por el diputado liberal Wilfredo Navarro.

Pedro Pablo Villanueva, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), declaró luego de la penalización del aborto terapéutico que el sistema de las Naciones Unidas está “preocupado por fortalecer las gestiones del país para prevenir las muertes maternas”.

La Ministra de Salud, Margarita Gurdián, y una veintena de sociedades médicas del país sugirieron a inicios de esta semana que la discusión del tema del aborto terapéutico se realizara después de las elecciones del cinco de noviembre, para evitar su politización y tomar en cuenta a todos los sectores implicados. Pero, tampoco fueron escuchados.

LO CALIFICAN COMO “CONDENA DE MUERTE”

La eliminación del aborto terapéutico fue considerada ayer como una “condena de muerte” para las mujeres y niñas, cuyas vidas corren riesgos por un embarazo, dijo Luisa Molina, miembro de Codeni.

Molina fue una de las ocho mujeres que entraron a las instalaciones de la Asamblea y se apostaron con pancartas en contra de la penalización del aborto terapéutico. Ellas, junto a las mujeres que estaban en las afueras del parlamento, empezaron a gritarle “asesinos” a los diputados que aprobaron la eliminación del artículo 165.

Organizaciones estadounidenses por los derechos humanos y de la mujer condenaron este jueves la reforma penal aprobada en Nicaragua, que suprime todas las excepciones al aborto y amenaza a los médicos que lo practiquen, con severas penas de prisión.

“El nuevo código penal no sólo es contrario a los derechos humanos básicos, también es contrario a los principios fundamentales de la humanidad”, dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, responsable para Latinoamérica de la organización Human Rights Watch.

“Human Rights Watch sabe por experiencia lo que significa estar preñada como resultado de una violación o someterse a un aborto poco seguro: miseria, desesperación e incluso la muerte de las embarazadas”, agregó la organización con sede en Nueva York.

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