Los nuevos contratos propuestos en Bolivia a las petroleras establecen que operarán bajo control de la empresa estatal YPFB, que los equipos e instalaciones adquiridos para sus operaciones pasarán al Estado y que los arbitrajes en caso de controversia serán locales, informó el martes el diario La Prensa.
Además, las multinacionales asumirán todos los riesgos del negocio, renuncian a hacer reclamaciones por vía diplomática y podrán ser auditadas por el gobierno cuando quiera, por medio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La Prensa publicó un modelo del contrato propuesto por el gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, a la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF, la franco-belga TotalFinaElf y otras multinacionales, que tienen hasta el sábado próximo para aceptar las nuevas reglas o abandonar el país.
Morales reiteró este lunes que se mantendrá invariable ese plazo de 180 días, definido en el decreto de nacionalización de los hidrocarburos que emitió en mayo pasado.
La propuesta de nuevo contrato fija que todos los bienes adquiridos por las compañías para encarar la producción “pasarán de forma automática a YPFB, sin cargo alguno”.
Las empresas petroleras tendrán derecho de uso, sin cargo alguno, de esos equipos, pero no podrán destinarlos a un objeto distinto al de su contrato.
Lo mismo ocurrirá con todas las instalaciones construidas en las áreas del respectivo contrato, que “serán en todo momento de propiedad de YPFB”, según la cláusula 10 del modelo publicado por el diario paceño.
En La Paz, sede del gobierno boliviano (la capital oficial es Sucre), se resolverán las controversias arbitrales, con base en la Constitución de este país y en idioma español, a diferencia de los convenios todavía vigentes, que fijan arbitrajes en tribunales internacionales.
Asimismo, se establece que las partes, al firmar el contrato, “renuncian expresamente a formular cualquier reclamo por la vía diplomática”.
La propiedad del gas y el petróleo es del Estado y no de las empresas, que “no tienen derecho sobre los hidrocarburos producidos como lo tenían antes”, señala el periódico.
La recuperación del control estatal de los hidrocarburos estaba prevista en la ley petrolera del 2005 y en el decreto nacionalizador de mayo pasado.
YPFB pagará una retribución trimestral a las empresas por los servicios de exploración y producción. El pago será calculado previa auditoría.
De la misma forma, YPFB se hará cargo de transferir al Estado el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (32 por ciento) y las regalías (18 por ciento) que en la actualidad pagaban directamente las empresas petroleras al tesoro nacional, a los gobiernos departamentales y a otras instancias.
