El Consejo Nacional de Educación fue creado en 1996 para que el Estado nicaragüense contara con un organismo superior de consulta en materia educativa, que fuese el foro más elevado para analizar el quehacer educativo y que armonizara los subsistemas de educación básica/media, formación profesional y educación superior.
Lamentablemente, el Consejo nunca gozó de los poderes coercitivos que sus atribuciones le demandaban. Su presidencia era delegada por el Presidente de la República y en los dos últimos períodos presidenciales tal responsabilidad recayó en el Vicepresidente. Aunque los cuatro vicepresidentes que Nicaragua ha tenido desde 1997, han hecho esfuerzos loables por hacer funcionar el Consejo, no se puede decir que sus objetivos hayan sido cumplidos.
Sin embargo, desde el 3 de agosto pasado el futuro del Consejo luce más promisorio, pues desde esa fecha Nicaragua cuenta con una Ley General de Educación, la cual, en su Título III dedica al Consejo seis artículos detallados que le confieren atribuciones y objetivos revestidos de la autoridad que solamente una Ley puede otorgar. Y aunque muchos podrían ver esta Ley General de Educación como otro manojo de buenas intenciones y archivarla en el anaquel del olvido, no se puede obviar que el Consejo Nacional de Educación es el órgano superior del Estado en materia educativa —ahora por Ley— y que cualquier apatía podría exponernos a la ilegalidad rápidamente.
A quienes más conviene conocer el nuevo marco legal del Consejo Nacional de Educación es a los cinco candidatos actuales a Vicepresidente de la República, ya que el Arto. 58 de la recién estrenada Ley dictamina que el Consejo se constituye por una Junta Directiva presidida por el Vicepresidente de la República. Es decir, ya no es una opción del Presidente delegar esta función en su segundo, sino que desde agosto pasado es una disposición legal.
A pesar de sus limitaciones, el Consejo ha logrado importantes avances, como los foros nacionales apoyados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la conformación de una Secretaría Técnica, apoyada por la UNESCO y asignada por la Vicepresidencia de la República a Juan Bautista Arríen, entusiasta de la educación nacional, quien ha promovido una participación más activa de los titulares de los subsistemas educativos y de los diputados, y una convocatoria más ecléctica, reflejada en la contribución de expertos como Carlos Tünnermann, Miguel de Castilla y Rafael Lucio Gil, y de reconocidas organizaciones como Eduquemos.
Aunque el Consejo tendrá que ser adaptado a la nueva Ley, es vital que sus miembros y colaboradores actuales apoyen la labor del presidente del mismo y de las Comisiones Técnicas Nacionales creadas en los foros. Si bien la Ley contiene algunas lagunas, como la exclusión de la empresa privada y del Conicyt de la Junta Directiva del Consejo, éstas pueden ser corregidas una vez que se defina el reglamento interno del mismo. Una de las primeras tareas que la nueva Ley ordena es la convocatoria para la instalación del Consejo Nacional de Rectores, a más tardar 60 días después de entrar en vigencia la misma, término que vence este 2 de octubre.
Finalmente, no podemos olvidar el aspecto financiero. Si queremos un Consejo verdaderamente operativo y eficaz, una partida presupuestaria es esencial. La generosa contribución de la UNESCO debe ser bienvenida, pero como un complemento, no como un sustituto de la responsabilidad estatal. Entre las atribuciones del Consejo figuran la de “elaborar, ejecutar, administrar y evaluar los planes para el desarrollo integral del sistema educativo” (Arto. 60, b) ¿Cómo podrían los miembros del Consejo ejecutar estos mandatos sin el requerido apoyo logístico? Considerando que la presidencia del Consejo recae en el Vicepresidente de la República, parece lógico recomendar a lo inmediato que el Vicepresidente actual incluya en el Presupuesto 2007 de la Vicepresidencia un rubro destinado exclusivamente a las operaciones del Consejo.
El Consejo Nacional de Educación es ahora Ley. Asegurémonos que funcione como tal.
