Ética y Transparencia y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro expresaron un profundo rechazo a la negación de información por parte de los funcionarios públicos en general.

Las opiniones surgieron luego de que LA PRENSA decidiera publicar un trabajo “incompleto” debido a las largas que dieron los diputados para no entregar el informe sobre las inversiones que realizan con los 420 mil córdobas que reciben cada año, para apoyar proyectos sociales y becas.

De existir una Ley de Acceso a la Información Pública, los legisladores y todas las instituciones se verían obligadas a mostrar cualquier información que no estuviese clasificada o que fuere dañina para la seguridad del país.

“La ley es la pieza de inclinación más importante que existe contra la corrupción. Como capítulo de Transparencia Internacional, nuestra opinión es que mientras no tengamos la Ley de Acceso a la Información en Nicaragua, siempre estaremos en los últimos lugares en el índice de corrupción mundial”, declaró Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia.

Aunque la eliminación de la corrupción es algo que no se ha logrado en ningún país, la negación de la información es un aspecto que ayuda a acrecentar la brecha.

Cristiana Chamorro, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, explicó que la Ley está en manos del presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional. De él depende que se meta el tema en agenda y se logre discutir.

“El derecho a saber qué hacen los diputados, en este caso con dinero del pueblo, es un derecho fundamental y un derecho humano que deberían respetar. El acceso a la información pública es una Ley muy importante”, aseveró Chamorro.