Desconocimiento del derecho a la educación, que se ve amenazado por el cobro en las escuelas, y espacios vacíos en la participación educativa son los principales resultados de los estudios: El Derecho a la Educación y Participación e Incidencia de la Sociedad Civil en la Política Educativa Nicaragüense.

Los estudios fueron presentados por los especialistas en educación Miguel De Castilla y Rafael Lucio Gil, del Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana (UCA).

De acuerdo a De Castilla, el estudio sobre el derecho a la educación se basa en cuatro grande criterios: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

“Las Naciones Unidas condenan el cobro en las escuelas y éste se sigue dando en nuestro país normalmente. Se hace un estudio sobre la autonomía escolar, como una de las violaciones al derecho de la educación”, explicó De Castilla.

“Igual con el tema de la adaptabilidad, que es el tema de la calidad de la adaptación del currículo, hay problemas”, añadió.

Manifestó que la eliminación de los cobros, de la palabra “dinero”, es uno de los retos más grandes de los próximos funcionarios de la educación.

Señaló que no existe en Nicaragua la categoría de “derecho a la educación”. “Solamente está conocida a nivel cupular de los Organismos No Gubernamentales, de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, pero no es una categoría popular, ni en el campo de los padres de familia, en la población”, argumentó De Castilla.

EMANA DEL GOBIERNO

Rafael Lucio Gil comentó que en el Estudio de Participación e incidencia de la sociedad civil en la política educativa nicaragüense, una de las principales conclusiones es que hay es relativa a la participación.

“Todavía encontramos espacios vacíos. En muchos de estos espacios que son ocupados, la participación es muy formal, poco incisiva y poco documentada. Por tanto, el nivel de incidencia para transformar las políticas educativas, es muy leve”, dijo Lucio.

“Finalmente, si vamos a niveles de participación, a nivel nacional encontramos que casi todas las organizaciones insisten en que están haciendo mucha incidencia, es una autopercepción, pero los datos nos indican que las políticas educativas siguen siendo dictadas por el Gobierno y sin previa consulta, por tanto hay una cierta contradicción”, agregó.