Nicaragua retrocedió más de cien años de avance en los derechos humanos de las mujeres, luego que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional dictaminara ayer una reforma al Código Penal vigente que elimina la figura del aborto terapéutico.
El aborto terapéutico fue establecido en 1893 como una excepción para salvar la vida de las mujeres en caso de embarazos riesgosos, y así quedó establecido en el artículo 165 del Código Penal vigente. Sin embargo, ayer los diputados emitieron un dictamen que deroga ese artículo que cita: “el aborto terapéutico será determinado científicamente con la intervención de tres facultativos, por lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente de la mujer para los fines legales”.
Al eliminar ese artículo queda eliminada la posibilidad del aborto terapéutico en Nicaragua, y éste sería clasificado como cualquier otro tipo de aborto penalizándolo con uno a diez años de prisión, de acuerdo al Código vigente en sus artículos 162, 163 y 164.
El diputado liberal y miembro de la Comisión de Justicia, Wilfredo Navarro, explicó que “el compromiso era eliminar el aborto terapéutico de la legislación porque la figura del aborto terapéutico era la licencia que usaban algunas organizaciones para realizar abortos criminales”.
Sin embargo, el dictamen fue catalogado como “una medida muy peligrosa para las mujeres pobres, a quienes se les quita el derecho de luchar por sus vidas”, dijo Matilde Jirón, médico especialista en salud reproductiva y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Managua.
Jirón también aseguró que el documento afecta el trabajo del sector.
Previo a la firma del dictamen, un grupo de mujeres realizó un plantón frente a la Asamblea Nacional para demandar que el aborto terapéutico se mantuviera en la legislación nacional. Sus voces no fueron escuchadas.
“EVITAR MALES MAYORES”
El Presidente de la Comisión de Justicia, el liberal Noel Pereira Majano, explicó que la aprobación del dictamen se hizo en tiempo récord, sin consultar a sectores, para “evitar males mayores, como sería pasar directamente a plenario la propuesta del bárbaro de Bolaños (presidente Enrique Bolaños)”.
La propuesta de Bolaños coincidía con las iglesias del país que establecían penas entre diez y treinta años de prisión para quienes estuvieran involucrados en una acción de aborto.
El dictamen será discutido la próxima semana en el plenario de la Asamblea Nacional.