Las autoridades del sistema de justicia del país redujeron ayer a cenizas el mayor cargamento de droga ocupado hasta ahora en la historia del país.
Los predios de la Escuela de Sargentos del Ejército de Nicaragua, en las inmediaciones de Xiloá, fueron utilizados para incinerar bajo estrictas medidas de seguridad los 3,101 kilos de cocaína ocupados en el sector de San Rafael del Sur. Al final de lo que fue el gran cargamento sólo se apreció una espesa nube negra que se esparció por los barrios noroccidentales de Managua.
Casi todo el día les llevó a funcionarios de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Fiscalía, bajo las órdenes del Juez Tercero Suplente de Distrito Penal de Audiencias, Oscar Danilo Manzanares, efectuar el procedimiento adecuado para quemar el cargamento ocupado al narcotráfico en los primeros días de octubre.
Los abogados defensores Carlos Javier Chavarría y Harold Contreras hicieron esfuerzos por poner en entredicho el proceso que ha efectuado la Policía y el Ministerio Público.
La defensa alegó que el proceso estaba viciado tras detectar que el reactivo utilizado estaba supuestamente vencido, pues el frasco que lo contenía tenía una etiqueta que indicaba el 11 de marzo de 2005 como fecha de elaboración y 11 de mayo de 2006 como fecha de vencimiento.
No obstante, el perito de la Policía Nacional alegó que el error que se cometió fue el de envasar el reactivo en un frasco con etiqueta vieja.
El perito explicó que si el reactivo hubiese estado vencido, la sustancia sometida a análisis nunca hubiera dado el color azul-celeste, típico de la cocaína, y por el contrario hubiese dado un color amarillento o café.
NO AFECTA EL PROCESO
En tanto, el fiscal auxiliar Alejandro López Dávila dijo que lo ocurrido no afectará en nada el proceso y que no lo ha viciado, pues se trata de un simple procedimiento para demostrar que la sustancia a quemarse es cocaína.
“El nuevo Código Procesal Penal ya establece cuáles son las únicas nulidades que hay que alegar en un juicio y lo que ellos están alegando aquí no tiene ningún fundamento jurídico”, sostuvo el fiscal López.
Como sospechosos por el tráfico de ese cargamento están detenidos los pescadores Noel del Socorro Rugama, José de la Cruz Selva Díaz, Walter Alejandro Areas Selva y Juan Francisco Hernández.