La decisión presidencial de mandar con trámite de urgencia las reformas al Código Penal para penalizar el aborto terapéutico con penas de diez a treinta años de prisión, fue catalogada como violatoria a los derechos humanos.
Jorge Mendoza, director del área de defensa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), explicó que el procedimiento “involucra la vida y conciencia de miles de nicaragüenses, entonces no se puede discutir o pedir que se apruebe ya, si no se consulta a las involucradas”, consideró.
Mendoza explicó que tampoco es conveniente que el trámite de urgencia se aplique en este período, porque “se está politizando el tema, y todos, hasta las iglesias, quieren obtener réditos en estas reformas”.
La iniciativa del presidente Enrique Bolaños responde a la solicitud que a inicios de este mes hizo el sector religioso del país, de penalizar el aborto terapéutico, permitido desde hace más de cien años en el artículo 165 del Código Penal vigente.
De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud (Minsa), el aborto terapéutico se define como “la interrupción del embarazo antes de las veinte semanas de gestación, por indicación médica, debida a patologías maternas que son agravadas por el embarazo y que repercuten negativamente sobre el crecimiento y desarrollo fetal y compromete la vida del binomio madre-niño”.
MEDIDA INNECESARIA
A juicio de Gabriel Álvarez, experto en Derecho Constitucional, “el tema del aborto terapéutico no amerita trámite de urgencia porque para este tipo de temas polémicos es que se debe aplicar el procedimiento legislativo ordinario, público”.
La solicitud de Bolaños inhibe a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de discutir y dictaminar las reformas en el Código Penal sobre el aborto terapéutico.
“Nosotros nos vamos a retirar de la discusión. De todas maneras, cuando de asistencia se trata, los diputados no llegan a discutir el tema del aborto”, dijo el diputado liberal Noel Pereira Majano, presidente de la Comisión de Justicia.
Por su parte, el Movimiento Autónomo de Mujeres criticó la medida presidencial, “incongruente” con otras leyes como el Código de la Familia, la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades y el Proyecto de Ley de Maternidad y Paternidad Responsables, propuestas de leyes que tienen entre dos y diez años de estar en la tubería legislativa y aún no han sido aprobadas.
Las mujeres también denunciaron ante la PDDH, a los diputados de la Asamblea Nacional por discriminación e irrespeto al Estado laico.
