La falta de políticas públicas que permitan a la niñez y adolescencia cubrir sus necesidades y tener oportunidades de desarrollarse ha llevado a que muchos niños estén en instituciones de protección o sean víctimas de la drogadicción.

De acuerdo al Estudio General de la Organización de las Naciones Unidas, para el 2004 un total de 5,059 niños en Costa Rica estaban en instituciones por razones de protección; mientras que en Nicaragua había más de tres mil niños; en Honduras 2,321; en Guatemala 451 y en El Salvador 925.

Norma Moreno, Procuradora Especial de la Niñez y la Adolescencia, consideró que existen tres causas por las que la niñez y adolescencia se encuentran en abandono, en la calle o en la drogadicción.

Entre éstas enumeró la falta de voluntad, así como de conocimiento de la importancia de darle el primer lugar a los niños y a los adolescentes. Además de la falta de mayor inversión para este sector.

“No hay una cultura de respeto por los derechos de la niñez y la adolescencia”, comentó Moreno.

FALTAN OPCIONES

Moreno manifestó que, según el Código de la Niñez y la Adolescencia, hay situaciones específicas que requieren que los niños y adolescentes sean ubicados en centros de protección especial, ya sea en casos de abandono, de maltrato y de drogadicción.

Moreno explicó que los niños enfrentan esta situación por los altos niveles de pobreza y de exclusión social.

“Aquí se ubica toda esa niñez y adolescencia que no tiene la oportunidad de gozar de la gratuidad de la educación o los que sufren violencia intrafamiliar”, ejemplificó.

Remarcó que los centros de protección se han visto como la única opción, cuando el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que debería ser la última medida.

“Se está institucionalizando a la niñez y la adolescencia, esto significa casi desvincularlo completamente de su familia”, apuntó.

NADIE VIGILA A LOS CENTROS DE PROTECCIÓN

Añadió que la mayoría de los centros de protección especial son de las organizaciones no gubernamentales.

“Los centros de protección especial de la sociedad civil prácticamente no están siendo fiscalizados por la autoridad administrativa que tiene que velar que en estos centros de protección especial haya condiciones dignas, que se les garantice la alimentación adecuada, que se les esté garantizando la educación. No lo hacen porque como no son del Estado, la autoridad administrativa que tiene que velar por ello no se siente competente o le da vergüenza hacerlo”, dijo la Procuradora Especial.

De acuerdo a Moreno, la Procuraduría tiene planeado elaborar un proceso de fiscalización sobre las condiciones de los centros de protección especial y si realmente cumplen con su función de proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes.