El mundo y la historia están plagados de individuos que fingen o pretenden ser algo que en realidad no son. A estas personas se les describe con la palabra “hipócrita” (del griego jipocrités, que originalmente significaba “actor”). Pero puesto que nadie puede “actuar” continua e ininterrumpidamente, tarde o temprano se presenta alguna circunstancia o incidente que deja al descubierto el carácter real de una persona.
Fue eso lo que le ocurrió recientemente al secretario general del Frente Sandinista, Daniel Ortega, cuando de manera flagrante violó la ley nacional e internacional al ingresar sin permiso a las instalaciones del puerto de El Rama, junto con el Alcalde de Managua, Dionisio Marenco, y al menos doscientos seguidores sandinistas más. Daniel Ortega es una persona autoritaria, siempre lo ha sido y al parecer siempre lo será. Tiene una vocación natural de caudillo acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin discusiones. El Ortega que lampacea el piso con la Bandera Nacional y que pasó por encima de la ley en El Rama es el que todos conocemos. El resto es actuación. Los que creen que ha cambiado tienen derecho de creer tal cosa, pero los hechos innegables y porfiados demuestran lo contrario.
Daniel Ortega y su comitiva llegaron a El Rama a recibir la embarcación venezolana que traía 80 mil galones de petróleo procedente de Venezuela para las alcaldías sandinistas, pero evidentemente su intención de fondo era hacer un acto proselitista de su campaña electoral y a favor de una pretendida alianza futura con el gobierno de Hugo Chávez. Las autoridades portuarias —simples y comunes mortales en la opinión de un caudillo— trataron de explicar a Ortega que no podían ingresar a las instalaciones a hacer campaña política. Esto, en concordancia con el reglamento de la Organización Marítima Internacional (OMI) para mantener el estatus de “puerto seguro” al que puedan arribar barcos de todo el mundo. Pero, ¿qué importancia tienen las leyes para un “inmortal” caudillo de la revolución sandinista? No se puede pedir peras al olmo. Lo único bueno de todo esto es que Ortega da muestras del tipo de comportamiento que caracterizaría a su gobierno en el caso de que fuese electo Presidente de Nicaragua.
Es cierto que la violación del reglamento de la OMI no es un delito grave, aunque económicamente podría traer negativas consecuencias futuras para Nicaragua, pero ese no es el punto principal aquí sino más bien la actitud ante la ley de un candidato presidencial. Ortega no sólo dio un mal ejemplo ciudadano sino que, además, en vez de disculparse se ufanó del abuso que cometió. Entonces, ¿qué garantía hay de que si Ortega gana las elecciones se va a sujetar a otras leyes que limitan su actuar como ciudadano? ¿Respetará la institucionalidad de la Policía y el Ejército o los convertirá en instrumentos al servicio de su partido? ¿Honrará los compromisos nacionales e internacionales adquiridos por Nicaragua? Como dice la máxima bíblica, “el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho y el que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho”. Ortega no es Presidente de Nicaragua pero se comporta como si fuera su dueño. Por eso ultraja la Bandera Nacional y hace caso omiso de la ley, como en el caso de El Rama. Ortega no cree que la ley obliga a su persona de la misma manera que a otros ciudadanos. Es una convicción encarnada profundamente en su conciencia.
Los voceros del sandinismo dicen que los medios de comunicación “de derecha” magnificaron esos incidentes porque quieren desprestigiar al candidato de su partido. Pero es una manera fácil y simplista de evadir su responsabilidad y de justificar su conducta. Los romanos decían que “es conforme a la razón que se sujete a la ley el que la dicta”. Los nicaragüenses necesitamos autoridades que cumplan y hagan cumplir las leyes y que ellos mismos sean los primeros en sujetarse a ellas. Ese es el único camino a la paz, la reconciliación y el desarrollo. Ortega comunica incertidumbre y autoritarismo y aunque trate de representar lo contrario, sus improvisaciones espontáneas lo traicionan.
