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Guillotina pende sobre magistrados
Dos magistrados liberales serán destituidos por anomalías en juicio para liberar a narco guatemalteco
También se irá la juez de Bluefields por narco hondureño que huyó
Mirna Velásquez Sevilla
nacionales@laprensa.com.ni
Caso del mexicano aún no está cerrado

La fiscal adjunta María Lourdes Bolaños afirmó ayer que una vez que la Policía reúna nuevos elementos de prueba establecidos por el Ministerio Público, acusará al mexicano Salomón Silva Espinoza, alias “El Pelón”, implicado en el caso de los tres mil kilos de cocaína incautados, en fechas pasadas.

“Estamos en espera de esa investigación, también sé que esta persona estaba ilícitamente en Nicaragua, por lo tanto también tiene sanciones por haber cometido ese ilícito, en ese sentido sí los vamos apoyar y también en cuanto se reúnan los requisitos que se necesitan para acusarlo como narcotraficante”, sostuvo Bolaños.

Sin embargo, la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, consideró que contaban con las evidencias contra el mexicano, considerado como el tercero en la estructura de la red de narcotraficantes mexicanos.

Elizabeth Romero

Cuestiones básicas

La magistrada Alba Luz Ramos valoró que las actuaciones de estos funcionarios carecen de cuestiones básicas elementales de la Ley, que no pueden pasarse por alto.

El futuro de los magistrados liberales Bayardo Briceño Cruz y Orlando Lúquez, ambos miembros de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, pende de un hilo.

Un informe redactado por el magistrado Marvin Aguilar recomienda la destitución de ambos funcionarios basada en la conducta anómala en la tramitación de un juicio que concluyó con la libertad de un procesado por narcotráfico, de nacionalidad guatemalteca.

Aguilar, miembro del Consejo de Administración y Carrera Judicial, informó ayer que plantearon la destitución porque los magistrados emitieron dos sentencias: una en la cual dictaron nulo el proceso judicial seguido contra el guatemalteco, condenado a diez años de presidio y otra que ordenaba la entrega de todos los medios de prueba, dejando cerrada la posibilidad de reabrir el caso.

“Esa es una conducta anómala porque hicieron dos sentencias en un mismo caso”, expresó Aguilar.

La justificación de los magistrados radicó en que sólo firmaron porque se trataba de un proyecto de sentencia que habían dejado redactado dos magistrados que antes conformaban esa judicatura.

“Ellos plantean que el proyecto de sentencia que firmaron era el de los magistrados que ya no estaban, lo cual es una conducta totalmente irresponsable”, añadió Aguilar.

El informe cuenta con la firma de la magistrada Alba Luz Ramos y pasará a ser analizada por el resto de miembros del Consejo, Edgard Navas y Manuel Martínez, para que luego la Corte en pleno se pronuncie en base al informe.

PROCEDIMIENTO VIOLADO

Aunque la Ley establece contabilizar el tiempo para poder determinar si un procesado está ilegalmente detenido, en este caso no ocurrió.

“Dijeron: el término (tiempo) está vencido sin establecer el cómputo (...). Vemos como una maldad al no computar el término”, agregó Aguilar.

En una audiencia donde las defensas expresaron sus argumentos ante los magistrados, también hubo serias anomalías, puesto que tomaron en cuenta otros alegatos que no fueron plasmados previamente por escrito, como lo manda la ley.

EL CASO BLUEFIELDS

Aguilar informó además que en el caso de la juez de Ejecución de Sentencias de Bluefields, Ivania Mcrea, recomiendan su destitución por su actuación en dos juicios.

Unos de ellos se refiere al supuesto narcotraficante de nacionalidad hondureña, Francisco Rodrigo Ruiz Murillo, condenado a 10 años de prisión y que huyó del país.

La juez habría propiciado la salida del reo al permitirle curarse de una enfermedad en su casa, sin custodia penitenciaria.

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