El asesinato el fin de semana de la periodista rusa Anna Politkóvskaya, aunque sucedió en un sitio muy distante de Centroamérica, me recordó dos asesinatos ocurridos en los últimos años en Nicaragua, el del periodista Carlos Guadamuz y el de la corresponsal de LA PRENSA, María José Bravo.
Politkóvskaya, una reportera que hizo críticas fuertes al gobierno ruso, fue asesinada a balazos en su propia casa y su muerte parece confirmar las amenazas que recibió de los servicios secretos rusos, tal como ella denunció en varias ocasiones.
A Guadamuz, un crítico del Frente Sandinista (FSLN), el partido al que él había pertenecido, lo mataron a balazos en Managua el 10 de febrero del 2004, cuando llegaba a la estación de televisión en que trabajaba. Se confirmó que el hombre que le disparó, William Hurtado García, había pertenecido a la Seguridad del Estado sandinista, un organismo represivo de los años ochenta que desapareció en 1990, aunque parte de sus miembros siguen vinculados al FSLN.
En el caso de la periodista Bravo, el pistolero que le disparó el 9 de noviembre del 2004, Eugenio Hernández González, había sido alcalde del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), organización aliada con el Frente Sandinista a través de un pacto que suscribieron en el año 2000 para reformar la Constitución de la República y distribuirse el control de los poderes del Estado.
¿Qué indican estos tres hechos? Que cuando los regímenes y partidos autoritarios se ven impedidos de censurar, pueden actuar con violencia contra sus críticos, entre los que destacan los periodistas.
En Cuba la censura al periodismo es férrea y si algún reportero se atreve a desafiarla, es encarcelado. Venezuela va por el mismo camino, tal como indican los últimos informes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Es probable entonces que la censura vuelva a Nicaragua si el sandinista Daniel Ortega gana las elecciones el próximo 5 de noviembre.
La presidenta de la SIP, Diana Daniels, dijo la semana pasada en México que a esa organización le preocupa “que Venezuela va por el camino de Cuba” y en consecuencia ya “existen numerosos impedimentos legales para el ejercicio de la libertad de expresión”.
Aunque Ortega diga que ha cambiado, en la práctica tiene un apego con Cuba y Venezuela que va más allá de una amistad con los presidentes de estos países, porque comparten un proyecto político con estilos de gobernar muy definidos, entre éstos el bloqueo a la prensa libre, porque su poder lo cimentan, en parte, con el control estricto de la sociedad y de la información que ésta recibe.
Por eso, estos regímenes se empeñan en responsabilizar a los periodistas hasta por las reacciones del público ante las noticias y, si pueden, les abren juicios con la intención de silenciarles.
Significa que “el mensajero carga con la culpa del mensaje” y “si las cosas no marchan bien, la culpa no es de quienes por acción u omisión las llevaron a ese punto, sino de la prensa y los medios de información que difundieron la noticia”, advirtió hace unos años la periodista belga Mia Doornaert, quien ha asesorado a la Unesco en asuntos de libertad de prensa.
