Las elecciones nacionales de noviembre del 2006, en las condiciones por las que atraviesa Nicaragua, son tan o más complejas que incluso las del 25 de febrero de 1990, en las que obtuvo la Presidencia de la República Violeta B. de Chamorro, de ahí la importancia de que estén acompañadas de una intensa y extensa observación electoral nacional e internacional.
Las elecciones de 1990 constituyeron la primera experiencia de observación electoral de grandes dimensiones y de duración prolongada, tanto para la Organización de las Naciones Unidas, como para la Organización de Estados Americanos. La Unión Europea también ha sido observadora electoral en Nicaragua en diferentes comicios, al igual que otras organizaciones. La Observación Electoral nacional inició en 1996.
El papel de los observadores electorales normalmente comprende: incrementar la confianza en el proceso electoral y los resultados de las elecciones; contribuir a brindar tranquilidad a los electores en que se respetará el derecho a que su voto es secreto; contribuir a evitar que se produzca fraude electoral; informar periódicamente a la comunidad nacional e internacional sobre el desarrollo del proceso electoral, desde su sistema de monitoreo de la elección; en algunos casos, contribuir a resolver conflictos; evaluar el desarrollo de las campañas de las organizaciones políticas, el papel de los medios de comunicación y el uso de recursos por parte de las instituciones públicas del Estado; respaldar iniciativas para mejorar los sistemas democráticos y el respeto de los ciudadanos por el sistema electoral y de los partidos políticos; hacer sugerencias a las autoridades electorales, líderes políticos, parlamento y gobierno de la República, para en su caso, mejorar el proceso electoral, el sistema político y de la democracia en general.
Existen diversos aspectos a observarse en una elección, como: la evaluación periódica de los procesos técnicos y administrativos durante el proceso electoral, si hay contribución y apertura del órgano rector de las elecciones, del CSE, obviamente se facilita aún más su valoración. Por lo general, se considera importante elaborar un informe que sitúe a la elección en perspectiva, dentro del contexto de los asuntos políticos y sociales presentes y comente los diversos aspectos del proceso, tanto técnico como político. Evaluar la existencia de condiciones para que los electores expresen libremente su voluntad y las organizaciones políticas y sus candidatos puedan competir en igualdad de oportunidades.
Los diferentes informes sucesivos que emiten los observadores electorales pueden servir para propiciar mejoras en el proceso electoral y así deben ser percibidos y realizados. Si se está actuando con imparcialidad y por tener unas elecciones transparentes, el CSE no tiene por qué “temer” o molestarse por la valoración que realicen los observadores, por el contrario terminan siendo coadyuvantes en la confianza del mismo proceso. Sólo a los malos alumnos no les gustan los buenos profesores, ya que temen salir aplazados al realizar exámenes o evaluaciones.
La observación electoral nacional e internacional es de suma importancia y validez para nuestra débil democracia y el desarrollo de estas elecciones, donde existe una Ley Electoral excluyente, que propicia el bipartidismo y contradice el pluralismo político establecido en la Constitución Política, que concentra los aspectos técnicos y jurídicos en el Poder Electoral, pero que a su vez lo ha dejado en manos de 2 partidos políticos en contienda, lo que deja en indefensión de entrada, desarrollo y fin del proceso electoral y en las elecciones a los otros partidos políticos participantes en ellas y a los ciudadanos, tal como se ha visto en la integración de los Consejos Electorales, en los temas de cedulación ciudadana, Padrón Electoral, etc.
El desafío es grande y para todos. En particular, los observadores electorales tienen un compromiso histórico con la democracia nicaragüense que la ciudadanía espera, desea y confía sea asumido con la fuerza y energía requerida, dentro del papel que como tales les corresponde desempeñar. En el entendido que no sustituye la responsabilidad del CSE, ni la Fiscalía de los partidos políticos, ni el ejercicio de la ciudadanía en las urnas. Pero, que su presencia responsable y comprometida ayudará a la celebración de comicios valorados como legales y legítimos.
