Cuando los tiros de los rifles calibre 22 impactaron al lado izquierdo del pecho de los campesinos Efraín López, de 33 años, y Antonio Espinoza Jirón, de 44, entre las seis y siete de la mañana del domingo 8 de febrero de 2004, en los bosques de Layasiksa (Agua Sucia) se llegó al violento pináculo de un ancestral conflicto que estuvo frente a las narices de las autoridades gubernamentales, pero no actuaron diligentemente hasta que la sangre ya había teñido esta tierra rica en maderas preciosas disgregadas en sus 35 mil hectáreas.
Dos años y medio después de este incidente que se convirtió en una lamentable manera de anunciarle al mundo la existencia de Layasiksa, esta comunidad se ha convertido en referencia, pero ya no de los conflictos por tierras que se suscitan en el Caribe, sino como modelo de trabajo en Nicaragua sobre la explotación racional de su riqueza, que se encuentra regada en miles de hectáreas de bosque donde se pueden encontrar 23 especies de maderas aprovechables, destacando algunas preciosas como la caoba y el cedro real.
COMUNIDAD MODELO
Layasiksa es la primera comunidad miskita que por medio de una tala racional del bosque ha obtenido ganancias económicas sin perjudicar el equilibrio natural de su flora, permitiendo la perpetuidad de sus recursos madereros para sus generaciones futuras.
Los bosques de esta comunidad son ricos, además de las maderas preciosas antes mencionadas, y hay otras bastantes apetecidas por el mercado para la construcción de cabañas o viviendas de madera acondicionadas, como nancitón, guayabón y ceiba.
La comunidad fue escogida para la realización de un proyecto piloto en el país, ideado por organizaciones no gubernamentales especializadas como el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), Rainforest Alliance y la Agencia de Cooperación Sueca (Cosude).
El proyecto consiste en capacitar a los comunitarios de Layasiksa para que éstos puedan aprovechar racionalmente sus bosques, por medio de una tala controlada y esquemática, enterrando para siempre los métodos de corte descontrolado o quema para hacer potreros, dos sistemas nocivos para la regeneración natural de los bosques.
Estas formas de explotación irracional significan anualmente la pérdida de 150 mil hectáreas de bosques nicaragüenses, según informes oficiales.
El inicio del proyecto estaba previsto para el 2004, pero los incidentes de febrero de ese año lo retrasaron, debido a que varios miembros de la junta directiva fueron investigados por la Policía Nacional por sospechas de haber instigado un violento desalojo que terminó en la muerte de dos campesinos.
PRIMERAS GANANCIAS
Fue hasta el 2005 que los miskitos de Layasiksa pudieron ver las ventajas del aprovechamiento racional de sus bosques: 12 mil dólares de ganancias por venta de madera, los que fueron depositados en una cuenta bancaria para crear un fondo con el cual enfrentar las múltiples necesidades de la comunidad.
Llegar a este punto no fue sencillo. Se tuvo que cambiar a toda la junta directiva de la comunidad hace dos años, por problemas con la administración del dinero obtenido por la venta de la madera.
“La gente, al ver que estaba entrando dinero por la venta de nuestra madera, se estaba repartiendo el dinero y cada quien hacía lo que quería, pero nosotros después cambiamos eso. Le explicamos a nuestra gente las ventajas de tener cuenta bancaria comunitaria”, comenta con un lento español Rufino Johnson, un miskito de 53 años, síndico (líder) de Layasiksa y enlace principal de la comunidad con las organizaciones especializadas.
FORMARON EMPRESA
El primer paso fue formar una empresa con todas las obligaciones tributarias de rigor, denominada Cooperativa Agroforestal Kiwantigni. Luego establecieron salarios para los miembros de la comunidad que trabajarían en esta empresa.
La empresa tendría como finalidad comercial el aserrado de la madera, para su posterior venta. Esto le permite a los miskitos venderla mejor, ya que la madera aserrada es pagada mucho mejor que si está en troncos o tucas.
El salario, que oscila entre 70 y 150 córdobas diarios, según el tipo de trabajo, es complementado con la alimentación y el pago de un seguro por accidentes. Este sueldo se convierte en un segundo ingreso para los comunitarios, ya que éstos también venden granos básicos cultivados en sus parcelas.
En vista de que es una empresa pequeña, en la que laboran 40 trabajadores en dependencia de la cantidad de madera que se va tratar, se dispuso que existiera una rotación de empleados, todos comunitarios de Layasiksa, para que todos los hombres de la comunidad (aún es impensable que una indígena miskita salga de los quehaceres del hogar y del cuido de los niños para trabajar) en algún momento puedan emplearse en la empresa y así tener acceso a ese segundo ingreso.
“Ya por lo menos puse una cerca en mi casa y he comprado unos animalitos con los reales que me gano en el aserradero”, comenta Fidencio Rivera, quien tiene 10 hijos, siete de ellos mujeres.
Eva Padilla, una gestora social que trabaja en la zona, mencionó que uno de los beneficios agregados de estos nuevos ingresos obtenidos por los indígenas de Layasiksa es la oportunidad para que sus hijos estudien y alcancen un nivel universitario.
Curiosamente, de la nueva generación de Layasiksa, las más dispuestas a estudiar han resultado ser las mujeres. Los hombres han preferido quedarse en la montaña, trabajando en el bosque.
El caso de Rivera es un ejemplo. Siete hijas. Cinco estudiaron para ser maestras de escuela primaria. Una estudia enfermería y otra ingeniería forestal. Dos de sus hijos varones le ayudan trabajando en el aserradero, ubicado en el cerro Danto Dos.
PREPARAN FUTURAS GENERACIONES
Sean mujeres u hombres, los comunitarios de Layasiksa están claros de la importancia de la preparación académica de sus futuras generaciones. Mejor si éstas deciden estudiar especialidades vinculadas al manejo del bosque.
“Este año ya vamos a tener un ingeniero forestal y tenemos a otros dos estudiando para que salgan el año próximo. Queríamos meter a uno más, pero no quería estudiar eso”, dijo el síndico Johnson.
Sólo 4,667 hectáreas de bosques de Layasiksa son las que utilizan para la tala controlada. La aplicación de las técnicas para el corte racional de los árboles en esta comunidad ha sido tan exitosa que ya consiguieron que su madera fuese certificada, una norma de calidad establecida por agencias especializadas con la que se ratifica que la madera de Layasiksa es extraída utilizando métodos racionales o sostenibles.
La madera certificada de Layasiksa tiene un costo de 70 centavos de dólar por pie tablar, mientras que una madera extraída ilegalmente la venden en el mercado negro a seis centavos de dólar por pie tablar.
Este año, con los incrementos en el volumen de la madera cortada, la compra de nuevos equipos para el aserradero y una mejor administración del dinero obtenido de las ventas, la Cooperativa Agroforestal Kiwantigni estima ganancias de hasta 20 mil dólares, a pesar de los problemas legales que enfrentan, primero por el Decreto de Emergencia Económica del presidente Enrique Bolaños del 4 de mayo último y, segundo por las restricciones impuestas por la Ley de Veda Forestal aprobada por la Asamblea Nacional el 7 de junio pasado.
Pretenden usar esta ganancia más cuidadosamente, ya que la comunidad apuesta a otros proyectos: una pequeña escuela en la comunidad, para evitar que sus niños tengan que caminar kilómetros en la montaña para llegar a la más cercana.
“Antes en Layasiksa no teníamos nada. Ahora ya tenemos un poquito, pero principalmente tenemos esperanza de que vamos a tener más”, dice con mucho anhelo el síndico Johnson.
La defensa de las tierras de Layasiksa
El 8 de febrero de 2004 la vida apacible de la comunidad miskita de Layasiksa cambió radicalmente. Un día antes, este reportero junto al fotógrafo Manuel Esquivel habían dejado las montañas de la comunidad, ubicada a unos 40 kilómetros del poblado de Rosita, luego de reportar el desalojo por la fuerza de decenas de familias de campesinos por los miskitos de Layasiksa.
Fue un desalojo furtivo e ilegal, ya que no hubo ninguna presencia de autoridad alguna. El incidente fue el clímax de todo un proceso que inició civilizadamente, con una demanda en mayo del 2002 en los juzgados de Siuna, de los comunitarios de Layasiksa reclamando la invasión de sus tierras por campesinos, en su mayoría antiguos miembros de la Resistencia Nicaragüense.
Los miskitos ganaron este caso y con el apoyo de la Policía Nacional lograron desalojar a los colonos ilegales que estaban asentados en humildes chozas regadas en los cerros Rau, Wastingni, Wilwil y Winko Prukan.
Pero a principios del 2004, políticos locales vinculados al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) engañaron a los colonos y unas 40 familias de campesinos se asentaron nuevamente en estos lugares.
Los miskitos volvieron a solicitar el respaldo de las autoridades para desalojar a los colonos, ya que éstos quemaban los bosques para hacer potreros o simplemente se asentaban por unos meses para vender las tierras a ganaderos o madereros inescrupulosos. Las autoridades no hicieron caso de estas exigencias, por lo que los miskitos decidieron que si querían una solución definitiva a sus problemas tendrían que buscarla ellos mismos.
LA PRENSA fue testigo del desalojo realizado el sábado 7 de febrero de 2004, en el cual, debido a nuestra presencia, las cosas estuvieron un poco controladas, con los miskitos sacando forzadamente a la gente y quemando sus cabañas. Nada más. La sangre correría después.
El 20 de septiembre pasado, dos años y medio después de los incidentes que convirtieron a Layasiksa en noticia, Esquivel y yo regresamos a la zona. Sentados en las tucas colocadas a metros del aserradero, perteneciente a la empresa comunitaria Cooperativa Agroforestal Kiwantigni, logramos hablar con varios de los miskitos que participaron en el enfrentamiento de la madrugada del 8 de febrero de 2004. Nos piden que omitamos sus nombres. No les resulta fácil hablar de eso y cada vez que dicen algo, la mayoría de veces lo sepultan con la frase de “eso ya quedó en el pasado y ahora todos estamos en paz”. Su historia coincide con las investigaciones policiales posteriores a los hechos.
A diferencia del 2004, esta vez no tuvimos que caminar horas en la montaña para poder hablar con estos indígenas. Las incomodidades en esta ocasión no pasan de un poco de fango y barro en las botas, más una ligera llovizna. Hay un ambiente sombrío, adecuado para conocer qué pasó ese día en el que tres vidas se perdieron.
EL ENFRENTAMIENTO
Luego del primer desalojo, consignado para la historia por las fotografías de Esquivel, los miskitos regresaron al cerro Danto Dos para definir su plan de acciones del día siguiente. Esta vez entrarían por Sirikwas, a unos 30 kilómetros del cerro Danto Dos, para desalojar a los “colonos invasores”, como llaman a los campesinos que entran furtivamente a sus tierras.
Lo que no se esperaban los miskitos era que los campesinos, al conocer del desalojo en el cerro Rau, se habían armado y no estaban dispuestos a permitir que los miskitos quemaran sus viviendas así nomás.
El domingo 8 de febrero un primer grupo de seis miskitos salió a las cinco de la mañana, con provisiones para otro grupo que habían dejado resguardando la zona del cerro Rau, con el fin de evitar que los campesinos desalojados se asentaran de nuevo en la zona.
Pero en las cercanías de Sirikwas, éstos fueron recibidos a tiros por los campesinos, un grupo de unos 20 hombres. Pese a la sorpresa del ataque, los miskitos escaparon ilesos.
El grupo de campesinos siguió avanzando. Pero esta vez se encontraron con el grueso de los miskitos que participaban en el desalojo, ya advertidos por sus compañeros que habían escapado. Venían armados. Gritaron a los campesinos que se rindieran y se fueran de sus tierras. Dicen que la refriega duró unos diez minutos.
Los miskitos contaban con varios cazadores, entre ellos hombres curtidos por la vida de montaña que no temen internarse en ésta por la noche y pasar ahí un par de días para cazar venados, pavas y pizotes. Expertos tiradores no dudaron en utilizar su habilidad para enfrentar la emboscada.
A eso de las siete de la mañana, el saldo del choque era la muerte de los campesinos Efraín López, de 33 años, y Antonio Espinoza Jirón, de 44, impactados en el lado izquierdo de sus pechos por tiros de rifles calibre 22. Los miskitos aseguran que los campesinos dispararon primero. Un juez les daría la razón posteriormente.
OTRA MUERTE
Luego de la escaramuza, los miskitos percibieron que las cosas serían más peligrosas para todos y se prepararon para lo peor. Lo primero que decidieron fue sacar a todas las mujeres y niños de la comunidad de Layasiksa Dos o Layasiksa Laguna como se conoce mejor. Fundada en el 2002, luego del primer desalojo, hacía las veces de un puesto de control para evitar nuevas invasiones a sus tierras en las cercanías del cerro Rau. Fueron 120 personas entre mujeres, niños y algunos miskitos armados que los resguardaban, los que se enfrascaron en este éxodo en la montaña. La idea era trasladarse a unos 60 kilómetros más al suroeste, a la comunidad original de Layasiksa, en medio de la montaña.
Debido a lo accidentado del camino, se estimaba que serían unos tres días de caminata. Una mujer miskita embarazada de 8 meses no soportó el esfuerzo. Tuvo un aborto en medio de la montaña y murió. Nadie me pudo decir su nombre.
Para evitar que el conflicto se volviera más sangriento, debido a la venganza de los campesinos, los principales miembros de la junta directiva de la comunidad de Layasiksa decidieron entregarse a la Policía de Rosita.
ABSUELTOS
El capitán Jaime Chavarría era el jefe de la delegación policial de este municipio cuando se dieron los hechos. Todavía continúa en el cargo.
“Ese caso fue remitido a la Fiscalía. Fueron tres procesados, tres señores miembros de directiva de la comunidad. Hubo un veredicto favorable para estos señores. No encontraron méritos de responsabilidad. Creo que el juez lo consideró como defensa propia, además de que en realidad era una invasión a las tierras indígenas. Nadie quedó en la cárcel por este caso. Esto fue decidido por el juez de Siuna, de nombre Victorino Estrada”, cuenta.
Rufino Johnson, síndico (líder) de Layasiksa, lamenta estos incidentes. Él fue el ideólogo detrás de estos desalojos y dirigió el primer operativo el 7 de febrero de 2004. Asegura que él no participó en el enfrentamiento, pero de todas formas fue uno de los directivos comunitarios que se entregó a la Policía.
Insiste en que nadie quería que hubiera muertos y que ellos sólo defendieron sus tierras, de las cuales son dueños por derecho ancestral. Pero en medio de sus sentimientos de responsabilidad, Johnson no puede dejar a un lado el hecho de que la violencia fue la única forma en que se pudieron parar definitivamente los desalojos.
“Desde ese día ya nadie entra a nuestras tierras. Se acabaron las invasiones. Tuvo que ser así, ni modo. Si el Gobierno se acordara de esta zona no pasaran estas cosas. Yo estoy tranquilo y mi gente ya está en paz, trabajando sus tierras. Eso sí, siempre trato de no dormir dos veces en el mismo lugar cuando estoy fuera de mi casa, por si las moscas”, afirma el síndico de Layasiksa.
